Memorias de la Segunda Plenaria

Cali 28, 29 y 30 de julio 1999

II. Eje temático "Vida"

2. Problemas en derechos humanos

La reflexión desarrollada en la comisión arrojó como fruto la formulación de tres grandes ejes de propuestas (impunidad, derechos humanos y derechos económicos) y, adicionalmente, un conjunto de propuestas más específicas y puntuales, en relación con los complejos problemas de derechos humanos que enfrenta el país.

Ideas centrales:

1. Son generalizados la impunidad y el olvido frente a los crímenes de lesa humanidad. A esto contribuyen significativamente el mantenimiento del fuero militar, el impulso y la protección estatal al paramilitarismo, la permanente infracción de las normas del Derecho Internacional Humanitario por parte de los actores del conflicto, el hecho de que aún no se hayan tipificado en el orden interno los crímenes atroces y los crímenes de lesa humanidad, la magnitud que ha alcanzado el fenómeno del desplazamiento forzado en los últimos años, la insensibilidad ante el creciente número de asesinatos de población civil, así como el desconocimiento de los derechos de las víctimas y de las organizaciones que las representan en el esclarecimiento de los delitos. Es necesario lograr el establecimiento de la verdad, la aplicación efectiva de justicia a través de la sanción, el resarcimiento y la garantía de no repetición de los hechos.
2. La ocurrencia sistemática de crímenes de lesa humanidad conspira en contra del establecimiento de la paz en cualquier sociedad. Por eso es de vital importancia la supresión de los dispositivos que operan como causas para su frecuente ocurrencia. Resulta fundamental que se restituya el imperio de la justicia, que ésta se ejerza de acuerdo con principios democráticos y en función de garantizar la vida para las mayorías. También, claro está, puede contribuir significativamente la implementación de una política de paz. No obstante, no hay que olvidar que el respeto de los derechos humanos no puede quedar subordinado al desarrollo del proceso de paz y que, por el contrario, la lucha por la vigencia de los mismos puede constituirse en aporte decisivo para el logro de la paz.
3. En este sentido es importante advertir sobre una preocupación que embarga a la Asamblea: la paz no puede tener como cimiento la impunidad. Si bien dentro de un proceso de negociación cabe el indulto para ciertos actos, en el marco del conflicto armado, resulta necesario señalarle límites precisos. Así, resultaría inaceptable, desde todo punto de vista, una ley de perdón y olvido que implique dejar en la impunidad graves crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos por el Estado o por otros victimarios. Para garantizarlo la Asamblea considera imperioso que, en el momento en que las partes decidan examinar el tema de las violaciones de los derechos humanos, lo hagan contando con la participación de las organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos que ha sido victimizadas, pues ni el Estado ni la insurgencia se pueden abrogar la vocería de estas víctimas.

Propuestas y mecanismos:

1. Impulsar la realización de un amplio encuentro nacional de derechos humanos, evento que logre sensibilizar a la opinión sobre la necesaria lucha contra la impunidad, como un factor que contribuya al establecimiento de la paz, como producto de la justicia y no del olvido.
2. Promover la realización de un encuentro nacional de víctimas de crímenes de lesa humanidad, durante el año 2000.
3. Respaldar e impulsar iniciativas que apunten a la reconstrucción de la memoria, como la Galería de la Memoria y el proyecto de Nunca Más.
4. Apoyar la labor emprendida por la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, así como a las comisiones de la verdad impulsadas, a partir de casos concretos, por las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos.
5. Formular e implementar una amplia estrategia de cabildeo legislativo, en torno a las siguientes iniciativas:

1. Proyecto de ley por el cual se tipifica como delito la desaparición forzada.
2. Proyecto de ley por el cual se tipifique como delito el desplazamiento forzado.
3. Ratificar la Convención que proscribe el uso de minas antipersonales (Ottawa), mediante la aprobación de una ley al respecto.
4. Ratificar la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, mediante la aprobación de una ley pertinente.
5. Revisión del Código Disciplinario en relación con las sanciones para funcionarios públicos, por su responsabilidad en violaciones de los derechos humanos.
6. Desmonte del fuero militar.
7. Derogatoria de la ley que originó las "cooperativas" Convivir.

Ideas centrales:

1. La sistemática violación de los derechos humanos constituye una de las principales causas del conflicto colombiano. Su carácter crítico durante los últimos años da cuenta de un fenómeno de carácter estructural. Así mismo, su agudización reciente es el resultado del incremento de los homicidios por razones políticas y las masacres, de las desapariciones forzadas, del desplazamiento forzado, del secuestro, de los fusilamientos y otros crímenes perpetrados por los actores del conflicto, estatales y no estatales.
2. Es claro que la vigencia y el respeto de los derechos humanos se debe garantizar en todo momento, incluso en estados de excepción, según lo señalan los instrumentos internacionales, y no pueden quedar subordinados a las iniciativas de paz. En esta medida, la dinámica del conflicto armado no puede, en ningún caso, disminuir la responsabilidad del Estado en el respeto y la garantía de los mismos.
3. Resulta evidente la importancia que ha cobrado la acción de la comunidad internacional con miras a que el estado colombiano asuma su responsabilidad en materia de derechos humanos. La Asamblea considera que las acciones de cooperación en este sentido han sido de gran valor, y respetuosas de la autonomía de la nación colombiana. Sin embargo, mira con preocupación las acciones que algunos países han emprendido en relación con los temas de derechos humanos y de la paz, pues su iniciativa, por las características que adquiere, transgrede los límites de la cooperación y aparece más como una injerencia intervencionista.
4. La Asamblea también advierte sobre le peligro que supone el que los países del continente tiendan a considerar la situación colombiana exclusivamente como una amenaza humanitaria que, por tal supuesta razón, ameritaría una acción intervencionista, ocultando otro tipo de intereses respecto a nuestro territorio nacional.

Propuestas y mecanismos:

1. Presionar el Estado colombiano a cumplir las recomendaciones formuladas por organismos intergubernamentales en materia de derechos humanos. En ese mismo sentido, se apoyan y se respaldan tanto el mandato, como las gestiones de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la que actualmente tiene asiento en Colombia.
2. Fortalecer la labor de información a las diferentes instancias de los organismos intergubernamentales de derechos humanos de la ONU y la OEA.
3. Exigir del Gobierno colombiano una política contundente de confrontación a los grupos paramilitares, especialmente en lo que tiene que ver con la destrucción de los nexos que éstos guardan con miembros y unidades de la Fuerza Pública.
4. Ratificar el Estatuto de Roma, por el cual se da vida a la Corte Penal Internacional.
5. Gestionar especial protección a las comunidades de desplazados, dada la gravedad que reviste la generalización de este fenómeno, y la indiferencia que, frente a él, mantiene el actual Gobierno.
6. Buscar la adopción de acuerdos humanitarios especiales con la insurgencia.
7. Respaldar decididamente la defensa de los derechos humanos en Colombia:

1. Exigir al Estado mecanismos confiables, oportunos y eficaces de protección para los defensores de derechos humanos y líderes sociales. Particularmente, enfatizar en el cumplimiento de los compromisos adquiridos en febrero pasado por el Gobierno, en cabeza del presidente Pastrana, en relación con la adopción de medidas de prevención y protección.
2. Impulsar la conformación de un tribunal internacional de opinión sobre la persecución sistemática desatada en contra de la práctica de los derechos humanos.
3. Apoyar la iniciativa de crear en la ONU una relataría especial que propugne por el establecimiento de garantías para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos.

Ideas centrales:

1. La actual coyuntura económica y social por la que atraviesa la vida del país, pone en el centro del debate y de las preocupaciones el tema de la vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales para las mayorías de la población colombiana. Precisamente cuando el Gobierno y la sociedad hablan de paz, las precarias condiciones de vida de los colombianos se deterioran más, como consecuencia directa de las políticas económicas, sociales y laborales impulsadas por el Estado colombiano, en cabeza del presidente Pastrana.
2. Las políticas económicas, sociales y culturales del Gobierno atentan contra la vigencia integral e interdependiente de los derechos humanos. Particularmente el Plan de Desarrollo aprobado por el Congreso constituye una declaratoria de guerra contra la vida y la dignidad de las mayorías colombianas, en contravía de su retórica de paz con justicia social.
3. La Asamblea considera que la agenda económica, social y laboral no puede ser paralela a las iniciativas de paz. De tal manera que, mientras se reconoce como interlocutora a la insurgencia colombiana, no se puede desconocer como tal a las organizaciones de trabajadores y a otras organizaciones sociales para lograr un pacto social mínimo.

Propuestas y mecanismos:

1. Aglutinar a diversos sectores sociales en torno a la construcción de un plan de emergencia social que recoja las principales reivindicaciones de las mayorías en la actual coyuntura (congelación de precios de los productos de primera necesidad, desmonte del Upac, congelamiento de matrículas escolares, renegociación de la deuda externa, etc.)
2. Presionar al Estado colombiano a negociar con diversos sectores sociales un pacto mínimo social que tenga como base el plan de emergencia social.
3. Respaldar e impulsar la convocatoria de paro nacional hecha para agosto 31 del año en curso.
4. Promover el ejercicio del derecho a la desobediencia civil no violenta, frente a las políticas económicas, sociales y laborales propuestas e impulsadas por el actual Gobierno.
5. Contribuir a la difusión nacional e internacional de las violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales.

1. Desplazamiento forzado:

Reglamentar la Ley 387. Implementar mecanismos de protección, a la luz del DIH. Promover la atención humanitaria a la población desplazada y facilitar el reconocimiento como refugiadas a las personas que por razón del conflicto se vean obligadas a cruzar la frontera con los países vecinos. Garantizar la propiedad sobre la tierra para las personas que se ven obligadas a desplazarse. Prevenir el desarraigo de pobladores, ocasionado por la implementación de megaproyectos impulsados por empresas transnacionales.

2. Paramilitarismo:

Hacer efectiva la desvinculación de agentes del Estado que por acción u omisión patrocinan grupos paramilitares. En esta dirección, oponerse a la iniciativa de reducir las facultades al ejecutivo para destituir por vía administrativa a miembros de las Fuerzas Armadas. Garantizar el cumplimiento de las órdenes de captura expedidas por la Fiscalía en contra de los miembros de las organizaciones paramilitares y otros agentes comprometidos.

3. Objeción de conciencia:

Reglamentar la objeción de conciencia para el servicio militar obligatorio y promover, tanto el servicio militar voluntario como el servicio social alternativo, a través de un proyecto de ley que presente el Defensor del Pueblo para la consideración del Congreso.

4. Situación carcelaria:

Impulsar el desmonte total de la justicia especializada. En este sentido conviene promover la demanda de inconstitucionalidad de este nuevo tipo de justicia (Ley 504 de 1999). En el trámite actual que se surte ante el Congreso, en relación con la reforma integral de los Códigos Penal, de Procedimiento Penal, así como Penitenciario y Carcelario, propugnar por que se evite el abuso de la detención preventiva como medida de aseguramiento dominante; por que se haga caso de las recomendaciones hechas por los organismos internacionales en materia de garantías procesales; por que se establezca la pena máxima de prisión en treinta años. Realizar seguimiento sobre el cumplimiento, por parte del Gobierno, de la sentencia de la Corte Constitucional según la cual se fija un plazo máximo de cuatro años para superar la crítica situación de hacinamiento carcelario. Exigir del Gobierno la protección de las personas de nacionalidad colombiana detenidas en calidad de sindicados, y condenados en cárceles extranjeras.

5. Derecho a la autodeterminación de los pueblos:

Fortalecer el rechazo de cualquier forma de intervención extranjera. Exigir la salida del país de tropas y/o asesores extranjeros. Movilizar a los defensores de derechos humanos y personalidades democráticas del continente para que se pronuncien en contra de una intervención. Fortalecer mecanismos de control y vigilancia sobre la ayuda militar, financiera y logística que brinden otros países. Propender por un ejercicio de resistencia frente a la aplicación de las políticas de ajuste impuestas por el Fondo Monetario Internacional, por el Banco Mundial, y por el Banco Interamericano de Desarrollo.

6. Medios de Comunicación:

Promover espacios permanentes de reflexión y evaluación con los medios masivos de comunicación en relación con el papel que asumen frente a la información sobre el conflicto armado y violación de los derechos humanos. Democratizar los medios de comunicación, propugnando por una información pluralista, objetiva, veraz, y responsable para la ciudadanía. Posibilitar el acceso de los movimientos sociales a dichos medios. Llamar la atención a aquellos medios que asumen una actitud guerrerista en el manejo de la información de orden público. Respaldar la campaña convocada para el 11 de agosto, en el sentido de no escuchar noticias, no ver los telenoticieros y no leer los periódicos, para llamar la atención a los medios de comunicación sobre la actitud que vienen asumiendo.

7. Agenda de paz:

Promover la participación de las asociaciones de familiares de víctimas de crímenes de lesa humanidad, en las mesas de negociación, en torno a posibles acuerdos sobre derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario.

8. Secuestro:

La Asamblea condena el secuestro, cualquiera que sea su finalidad. Las acciones emprendidas en torno a la liberación de personas secuestradas deben involucrar a todas las víctimas, sin distingo alguno.

9. Derechos ambientales y recursos naturales:

Limitar la explotación del subsuelo colombiano y de los recursos naturales no renovables. Contrarrestar la inoperancia de la ley ambiental, que termina favoreciendo a las compañías transnacionales.

10. Corrupción:

Impulsar la adopción de medidas jurídicas que sancionen ejemplarmente la corrupción. Implementar veedurías sobre las instituciones estatales, que cuenten con la participación de diversos sectores de la sociedad.