Memorias de la Segunda Plenaria

Cali 28, 29 y 30 de julio 1999

II. Eje temático "Vida"

3. Justicia y derechos humanos

En esta comisión participaron las siguientes organizaciones: Edupaz, Red de Justicia Comunitaria, Junta Comunal de San Cayetano, Universidad del Valle, Universidad Pedagógica, Unión de Mujeres, Juventud por Cundinamarca, Ciudadanas de Colombia, Universidad Autónoma, Partido Liberal Colombiano, Sembrando Futuro, Universidad Santiago de Cali, Distrito de Aguablanca, Cut, Asociación de Juntas Comunales, Comunidades Siglo 21, Junta Comunal de El Peñón, La Piedra en el Zapato, Uso, Sutev, Asodemuc, Alternativa Liberal por la Paz. Actuaron como moderadores Maggy Urueta y Álvaro Sepúlveda Franco. La relatoría la preparó Yolima Quintero, de Asfaddes.

Ideas centrales:

1. La comisión manifiesta que la administración de justicia en Colombia es ineficaz, lenta, corrupta y está al servicio de intereses económicos específicos, en particular de los sectores que detentan el poder.
2. Los sectores populares, vulnerables y discriminados, para ser resarcidos, tienen gran dificultad de acceso pronto y cumplido a la justicia.
3. Se debe exigir del Estado la apropiación de los recursos necesarios para la resocialización de los jóvenes privados de la libertad, por ser el grupo poblacional de donde proviene el mayor número de recluidos en las cárceles. Esta exigencia pretende que puedan tener una vida digna.
4. La justicia colombiana ha perdido legitimidad y credibilidad. Prueba de ello son los altos y graves índices de impunidad, y la incapacidad al investigar, procesar y sancionar los responsables de las violaciones a los derechos humanos, así como la ausencia total del derecho a la reparación integral que debe asistir a las víctimas y la sociedad. Prima la justicia primitiva (de castigo) sobre la justicia restaurativa y resocializadora.
5. La administración de justicia debe operar en plena igualdad de condiciones para con todas las personas, sin distinción alguna. Igualmente, no pueden existir privilegios en el sistema penitenciario y carcelario, y se deben mejorar las condiciones carcelarias actuales.
6. Se rechaza la llamada justicia regional, exigiéndose su desmonte inmediato. Aún no hay atención a las recomendaciones internacionales en ese sentido.
7. La política criminal debe basarse en los principios de democracia y garantía de los derechos constitucionales. Debe estar orientada a la búsqueda de la paz.
8. La justicia institucional no debe utilizarse como elemento de represión de las protestas sociales, o de sectores que se oponen políticamente a modelos sociales y/o económicos.
9. La Asamblea debe reafirmar el principio de soberanía, autodeterminación de los pueblos e independencia plena del poder judicial. Por lo tanto se rechaza la indebida injerencia extranjera en la justicia. Sin embargo se reconoce la utilidad, legitimidad e importancia de los mecanismos internacionales de promoción y protección de los derechos humanos.
10. La Asamblea debe tomar, como principio, el derecho que tienen las víctimas de violaciones a los derechos humanos, a la verdad, a la justicia y a la reparación integral.
11. Se exige el desmantelamiento de los grupos paramilitares. La justicia debe castigar a los integrantes de estos grupos y a los miembros de la Fuerza Pública que tengan nexos o participen, apoyen o toleren sus actuaciones. También se deben derogar las leyes y decretos que hayan creado o propiciado organizaciones como las convivir, y otros grupos de justicia privada.
12. El Estado debe tener como pilar fundamental un sistema único de justicia avanzada, democrático y legítimo, con previo conocimiento y participación de la sociedad civil en su construcción. Por lo tanto se rechaza la existencia de formas de justicia paralelas, extraestatales y violentas.
13. Partiendo del reconocimiento de un pluralismo jurídico que respete la diversidad cultural, el Estado debe garantizar la autonomía de las comunidades indígenas para la aplicación de su justicia tradicional. De igual forma se debe proceder con las formas de aplicación de justicia de las negritudes, y las de las comunidades, basadas en sus usos y costumbres.
14. La Justicia Penal Militar no debe operar en lo relativo al juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad y las violaciones a los derechos humanos. Bajo ninguna circunstancia se pueden invocar el fuero militar o la obediencia debida para justificar estos actos. Se exige la aplicación inmediata de la jurisprudencia de la Corte con respecto al fuero militar. Se exige la depuración de las Fuerzas Militares.

Propuestas: la sociedad civil debe abordar las siguientes acciones:

1. Reclamar el fortalecimiento de los organismos de justicia y de control del Estado, encargados de la protección de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario.
2. Exigir la aplicación de la ley sobre los grupos paramilitares y de justicia privada.
3. Proponer la eliminación de sitios privilegiados de reclusión y mejorar las condiciones carcelarias actuales. Igualmente, se deben establecer sistemas de alternatividad penal.
4. Apoyar el impulso y fortalecimiento de formas alternativas de justicia, como la comunitaria.
5. Promover ante el Congreso la aprobación urgente del proyecto de ley que tipifica la desaparición forzada como delito.
6. Presentar propuestas progresistas sobre los proyectos de reforma de los códigos Penal y de Procedimiento Penal. De igual manera en lo relativo a la reestructuración de la Fiscalía General, para que sea un órgano instructor solamente.
7. Los Personeros municipales deben ser elegidos popularmente.
8. Rechazar las propuestas de reforma laboral que supriman los derechos adquiridos por los trabajadores.
9. Restringir los estados de excepción que den facultades ilimitadas al Ejecutivo nacional para dictar normas que penalicen la protesta social o que eliminen la oposición política.
10. Exigir el establecimiento de mecanismos de aplicación real de justicia para quienes han cometido crímenes de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos.
11. Impulsar y fortalecer las comisiones de la verdad y organismos para el esclarecimiento de crímenes de lesa humanidad.
12. Instar al Congreso de la República para que incorpore a nuestro ordenamiento jurídico el Estatuto de Roma, normatividad la cual se creó la Corte Penal Internacional, para el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad. Igualmente en lo atinente a la imprescriptibilidad de dichos crímenes.
13. Promover el respeto y reconocimiento de los territorios indígenas como áreas de especial protección del DIH y de jurisdicción autónoma.
14. Rechazar la pena de muerte, reivindicar la función resocializadora de la pena y rechazar las ejecuciones, fusilamientos y masacres como medios de justicia privada, paramilitar o guerrillera.

Mecanismos:

1. La Asamblea Permanente debe enviar al Congreso las propuestas de reformas al Código Penal, al Código de Procedimiento Penal y a la Fiscalía General. Debe manifestar su rechazo a la reforma laboral y urgir al parlamento para que apruebe la ley de ordenamiento territorial y la que tipifica la desaparición forzada como delito.
2. La Asamblea debe proponer al Consejo Superior de la Judicatura que no suprima juzgados ni fiscalías en zonas de conflicto.
3. La Asamblea debe exigir el desmonte total de la justicia especializada o regional.
4. Debe promover y poner en funcionamiento mecanismos alternativos de resolución pacifica de conflictos.
5. Promover la creación de veedurías ciudadanas a la gestión y eficiencia de la administración de justicia.
6. La Asamblea debe fomentar una cultura legislativa de paz, y de pedagogía de los derechos humanos, por intermedio de los consejos municipales y departamentales de paz.
7. La Asamblea de la sociedad civil debe promover mecanismos que aseguren la independencia de los organismos de control, con la participación popular a través de sus organizaciones.
8. Rechazar la participación de los menores de edad en el conflicto armado.
9. Exigir que se contrarresten los altos índices de impunidad y que se abra espacio a la recuperación de la memoria histórica, castigando a los responsables de las violaciones a los derechos humanos, sin permitir la ley de perdón y olvido.