Memorias de la Segunda Plenaria

Cali 28, 29 y 30 de julio 1999

III. Eje temático "Desarrollo Social"

2. El problema agrario

Las dos comisiones que se ocuparon del análisis de los problemas del campo colombiano, trabajaron durante los días 29 y 30 de julio, con la participación de 110 personas, que representaron 65 organizaciones, de 27 regiones del país. Actuaron como moderadores Luis Alberto Guerrero y Humberto Villani Pechene. Los relatores fueron Gilma Benítez, Luis Alberto Matta y Jairo Vargas. Se contó con la asistencia de Olga María Rivera y Antonio Arango.

Algunas de las organizaciones participantes en las deliberaciones fueron: Sintragricultura, Proyecto 2000, Usabu, Fundalimentos, Orivac, Aceu, Asociación de Cabildos, Luchadores por la Paz, Asociación de Campesinos, Movimiento Popular de Mujeres, Alcaldía de Pradera, Cooperativa minera Horizonte, Cedeco, Anuc-Ur, Presbiterio C. Norte, Personería de Cali, Acudevio, Cabildo Uivann, Comuca, Fundación Hogares Juveniles Campesinos, Dusakawi, Sindicato de educadores de Risaralda, Asociación de Usuarios Campesinos, Casa campesina Sur de Santander, Escuela Ciudadana, Cinep, Vercafe, Imca, Universidad del Valle, Universidad Nacional, Sintrainagro, Comuna 11, Uscol, Cedecur, Movimiento Popular de Mujeres de Buga, Fensuagro, Consejo Nacional Campesino, Coordinadora de Mujeres, Consejo Regional Indígena del Cauca-Cric, Cecora, Universidad Industrial de Santander, Central Unitaria de Trabajadores-Cut, Sintradincora, Regional caucana de la Asamblea Permanente, Iglesia Cristiana, Seguridad Ciudadana de Cali, Justicia y Paz, Partido Comunista, Sector de Educadores Marsella. Reservas de la Fuerza Pública, Juventud Comunista-Juco, Radio Buenaventura, Alfredo Molano, Excombatientes de base del M19, del Ejercito Popular de Liberación, de la Corriente de Renovación Socialista, del Movimiento Quintín Lame y del Partido Revolucionario de los Trabajadores, Universidad Nacional seccional de Cali, Instituto Ser, Redepaz, Concejo municipal de Villeta.

Relatoría de las comisiones

"La paz que merecemos, LA VERDADERA PAZ, no es otra cosa que un orden superior de convivencia, construido de manera consensual, en el que la violencia carezca de sentido porque los colombianos han comenzado a cohabitar dentro de unos parámetros aceptables de dignidad y de justicia. Como la paz comporta satisfacer los legítimos reclamos de los pobres de Colombia, y en particular los de los campesinos, ésta sólo encontrará un marco adecuado para su construcción si los privilegiados entienden que resulta mejor alternativa sacrificar algo por el mejoramiento de todos, que mantener para todos la desdicha de la miseria y las violencias, con tal de asegurar la dicha de unos pocos. Así, la paz supone un gran acuerdo entre todos para redefinir el sentido y los propósitos de la sociedad. Una empresa compleja que llevará a ganar un nuevo tipo de relaciones económicas y políticas, y a modificar mentalidades y comportamientos profundamente arraigados". Luchadores por la Paz. Tomado de la Memoria del primer plenario de la Asamblea Permanente por la Paz.

Identificación del problema:

El conflicto social y armado en que vivimos los colombianos y colombianas, tiene en el problema agrario una de sus causas estructurales e históricas, y una de sus principales razones. Para conseguir la paz, hay que construir la justicia social, y ésta tiene como componente, sine quanon, la realización de una verdadera reforma agraria integral, democrática y participativa, al interior de la frontera agrícola, que implique devolverle la dignidad al campo, traducido ésto en vías, tierras, educación, salud, electrificación, distritos de riego, etc., promoviendo, además, la reafirmación de las culturas campesina, indígena y negra.

Para superar el grave problema de concentración de la tierra, es condición necesaria cambiar la estructura de su tenencia y uso, devolviéndole su función social. Colombia posee 51 millones de hectáreas de tierra adecuadas para la explotación agropecuaria, de las que sólo 4 millones se aprovechan con este propósito, mientras que 8 millones de hectáreas se dedican a la ganadería extensiva y cerca de 27 millones son tierras de engorde, en maleza, o simplemente están improductivas en manos del narcotráfico y de los terratenientes, que especulan con su valorización, haciendo de nuestro país el tercero más concentrador de tierras, a escala mundial.

La economía campesina es el soporte de la seguridad alimentaria en Colombia, aportando entre el 60 y el 70% de los alimentos de consumo nacional, y generando exportaciones, siendo así un soporte importante de la soberanía nacional y de la identidad cultural

Pero la sociedad rural es una de las más vulneradas en sus derechos sociales, económicos, políticos y culturales. Los signos más visibles de esta degradación son varios, entre los cuales resaltamos:

1. La violencia promovida por distintos actores del conflicto, la que ha forzado el desplazamiento de alrededor de un millón y medio de personas en los últimos 15 años.
2. El alto porcentaje de población bajo la línea de la pobreza, el que llega a 70%
3. La excesiva concentración de la propiedad de la tierra. Los propietarios de más de 500 hectáreas son sólo el 0.3% de los dueños, con más del 45% de la superficie, mientras que quienes poseen menos de 10 hectáreas son el 80%, con apenas el 7.5% de la propiedad de la tierra.
4. El deterioro de la capacidad de la naturaleza para responder a las demandas productivas, lo que ocasionó que en varios municipios del país se haya desbordado el límite de sostenibilidad natural.
5. El modelo económico aperturista y los acuerdos internacionales de comercio, elaborados en contra de los intereses nacionales, que han llevado a la quiebra de grandes sectores agrícolas e industriales. Mientras que en 1990 Colombia traía del exterior 728 mil toneladas de alimentos, hoy importa 7 millones de toneladas al año, es decir diez veces más.
6. La deforestación de las cordilleras, que tiene en grave riesgo el sistema hídrico y, por ende, la biodiversidad.
7. Las masivas fumigaciones contra los mal llamados "cultivos ilícitos", las que están desertizando la tierra.
8. Los megaproyectos, que por su carácter inconsulto, excluyente y en pro de las transnacionales, han generado violentos y masivos desplazamientos, desarticulación de comunidades enteras y destrucción de la biodiversidad, cambiando el criterio de uso de la tierra por el de control territorial.
9. Masiva disminución de la inversión social en el campo por parte del Estado, desestimulando la producción campesina, generando mayor empobrecimiento y pérdida de expectativas.
10. La estructura tributaria en el agro, que premia la concentración de tierras improductivas y castiga la productividad colectiva.
11. Las nueve reformas agrarias que se han legislado, han sido elaboradas por los terratenientes con curul en el Congreso.

En conclusión: el modelo neoliberal, excluyente y perverso, ha declarado inviables a los campesinos y demás comunidades rurales, pues los consideran un estorbo, ya que el campo lo necesitan para cumplir con otras funciones, en la medida en que los alimentos los traerán desde los países desarrollados. Nuestras tierras, hoy, están destinadas para los grandes megaproyectos, sin respetar el derecho a la vida y a la permanencia de sus verdaderos dueños: los indígenas, los campesinos y las comunidades negras. De igual manera se atenta contra la naturaleza, la biodiversidad y las reservas genéticas. Entonces, no podemos afirmar que el desplazamiento y desarraigo sean efectos de la guerra, sino que, como en los tiempos de la conquista, se repite la guerra para desalojar violentamente el campo.

Ante este panorama, la Asamblea de la Sociedad Civil se pregunta: żes viable la sociedad rural en Colombia? żes viable la sociedad colombiana sin una sociedad rural fuerte?

Y respondemos enfáticamente: para Colombia el campo no es únicamente un problema de indicadores de producción, eficiencia y rentabilidad. El sector rural para los colombianos es un factor de soberanía, de viabilidad y sostenibilidad, no solamente de los colombianos, sino de la misma raza humana; el campo es oxígeno, agua y biodiversidad; el campesino, el indio y el negro son la reserva estratégica de nuestra cultura. La producción agrícola campesina es la verdadera base de la estabilidad macroeconómica, en la medida en que no dependa de los designios del capital financiero transnacional y globalizado.

Entonces, siendo el campo base fundamental para la viabilidad de nuestro país, de nuestra cultura y de nuestra soberanía, el logro de la justicia en lo económico, lo político, lo social y lo cultural para quienes allí habitan, se convertirá en la primera herramienta para la construcción de la paz. Por lo cual, la solución al problema agrario deberá ser exigencia de cada colombiano y en particular de las organizaciones que integran esta Asamblea.

Propuestas:

1. Realizar una justa y verdadera redistribución de la tierra, en particular de aquella decomisada al narcotráfico y al latifundio improductivo, a través de la reforma agraria integral y democrática. Esta reforma deberá convertir a los campesinos en propietarios y, también, definir la participación de las instituciones de soporte público, en crédito, inversión e investigación. Adicionalmente, debe fortalecerse la organización de productores campesinos, como apoyo a las empresas de desarrollo rural. Estas acciones deben venir acompañadas, además, de la conformación de una estructura tributaria rural que castigue la acumulación de la tierra en pocas manos, y que privilegie el uso productivo basado en empresas solidarias campesinas.
2. Para ello debemos asumir el reto de construir, desde las organizaciones campesinas, una propuesta alternativa de desarrollo rural solidario y sostenible, que le dé base y proyección a la reforma agraria integral, y que nos permita avanzar dentro del propósito de superar el modelo neoliberal. Sólo de esta forma se podrá dignificar la vida rural campesina, en cuanto a salud, educación, vivienda, vías, servicios públicos y cultura con identidad campesina, como una política de Estado.
3. Para salir de la actual crisis del campo es necesario implementar políticas de seguridad alimentaria y de defensa de nuestros recursos naturales, como flora, fauna, aguas, medio ambiente y minería. Por ello, la Asamblea debe exigir al Gobierno que limite las importaciones agrícolas, incentivando una producción nacional que garantice la generación de empleo, con condiciones dignas, y garantizando el consumo interno y, por tanto, la estabilidad en el campo y la ciudad.
4. La Asamblea debe denunciar la actitud parcializada del Gobierno, que mantiene altos aranceles para la importación de ganado, protegiendo excesivamente a ese sector, mientras castiga la producción agrícola, rebajando los aranceles, para que ingresen al país millones de toneladas de alimentos, destrozando, así, la producción nacional campesina, en lo relativo al arroz, el maíz, el trigo y muchos otros alimentos básicos. Con ello sólo se ha conseguido incrementar el desempleo y la miseria, todo como consecuencia de los acuerdos internacionales de comercio y de las exigencias de la banca internacional, en una actitud que lesiona gravemente los intereses nacionales y nuestra soberanía.
5. La sustitución de cultivos de coca y amapola deberá ser manual y concertada con las comunidades campesinas e indígenas, garantizando la sostenibilidad de los nuevos cultivos.
6. Es urgente que la Asamblea se pronuncie ante cualquier intento de intervención militar extranjera en el conflicto social y armado colombiano, con el pretexto de combatir "los narcocultivos", según lo sugerido por Barry McCaffrey, funcionario del Gobierno norteamericano, ya que todo lo padecido por los campesinos, los indígenas y las negritudes colombianas, nos permite afirmar que el verdadero objetivo de esa intervención sería el despojo masivo de nuestras tierras. De igual manera nos debemos pronunciar contra la fumigación con glifosato y demás agrotóxicos, ya que están identificados y demostrados los efectos nefastos que producen en la salud humana, así como su impacto devastador sobre el medio ambiente.
7. Convocar, desde la Asamblea, un gran movimiento nacional e internacional contra el desplazamiento forzado del campesinado, ocasionado por la implementación de megaproyectos que no han sido consultados ni discutidos con las comunidades afectadas, y que facilitan la expansión narcolatifundista y especulativa de la tierra.
8. Trabajar por el logro de la tipificación, en la normatividad colombiana, de las masacres y el desplazamiento forzado, como delitos de lesa humanidad.
9. Es inaplazable que el Gobierno dé un tratamiento digno y humano al campesinado desterrado, garantizando su retorno al mismo lugar de donde fue expulsado, en condiciones de seguridad y con garantías para su verdadera recuperación productiva y humana. La reubicación, también forzada, en otros sitios, significa la destrucción de las culturas ancestrales y, también, la prueba real de que el objeto cierto del desplazamiento no es otro que el despojo de las tierras. El botín de los desplazadores es la tierra de los desplazados.
10. Respaldar la solución política al conflicto social y armado, exigiendo la efectiva participación de las organizaciones campesinas en las mesas del diálogo entre el Gobierno y la insurgencia.
11. Si los países altamente industrializados contaminaron su oxígeno y sus aguas, y depredaron su biodiversidad, es justo que comiencen a valorar económicamente la producción de servicios ambientales (agua, suelo, aire, biodiversidad) que realiza Colombia en sus selvas y bosques. En el entendido de que son éstos mismos países los que se asocian en el Banco mundial y el FMI, se puede pensar en una fórmula de renegociación de la deuda externa, fundada en la generación y conservación de los servicios ambientales, garantizando, de esta forma, además, el presupuesto suficiente para reforestar las cordilleras nacionales, y para generar empleo rural.
12. Promover la redistribución del presupuesto nacional, garantizando una inversión, no inferior al 10% de los recursos fiscales, en el sector rural, sobre todo en las áreas de infraestructura vial y social, agua potable y electrificación.
13. Los colegios y universidades estatales deben asumir la tareas relativas a la promoción e investigación, reorientando sus programas hacia fortalecer el compromiso del estudiantado con prácticas sociales que retornen el amor por el campo a nuestra juventud. Igualmente, la Asamblea debe impulsar una campaña nacional en defensa de la justicia social en el campo, mediante la que todo el clero colombiano juegue un papel importante en la exigencia de restitución de las tierras arrebatadas a los campesinos.

Las organizaciones de la Asociación de Cabildos Indígenas acogen las propuestas aquí señaladas, por sentirse identificadas con ellas, y adicionan las siguientes, que tienen un carácter más específico:

1. Indemnizar a las comunidades indígenas por el truncamiento de su desarrollo cultural, originado en el despojo de sus tierras, así como en la imposición de religiones, vestimentas, lenguajes, costumbres y dietas contrarias a sus superiores sentimientos y tradiciones.
2. Restablecimiento de los cultivos de carácter sagrado, como la planta de hayo (coca), por su importancia ritual para la vida de los pueblos indígenas; el desconocimiento y la represión de estas prácticas ancestrales, y de su cultura en general, equivalen a otra forma de hacer violencia.
3. Las comunidades indígenas, campesinas y negras deben dar una respuesta unánime a las políticas de globalización, proponiendo un sistema económico alternativo, en el que existan garantías de distribución eficaz y equitativa de los medios para vivir.
4. Garantizar el respeto a las formas de producción indígena que, además de cumplir funciones relacionadas con la subsistencia material, están profundamente ligadas a principios cosmogónicos y de trato respetuoso a la naturaleza (tierra), los que milenariamente han prevalecido en América, garantizando la sostenibilidad del planeta.
5. La mal llamada revolución verde intentó anular la sabiduría milenaria de los indígenas y los campesinos en sus procesos productivos. Pero no pudieron lograr este cometido, pues la sabiduría de las comunidades subsiste, y es cada vez más fuerte.
6. Se exige el retiro de la antena Alguacil, ubicada en el cerro Inarua, en la Sierra Nevada de Santa Marta, debido a que interfiere la observación de los principios ancestrales de la cultura Aku (arhuaca). Este cerro es un lugar sagrado, donde se desarrollan los rituales fundamentales para la permanencia de la cultura de ese pueblo.

Las comunidades negras, a través de la reportera de Radio Buenaventura, Rosita Solís, se suman al documento y lo adicionan con la siguiente propuesta: que se inicie el proceso de titulación colectiva para los territorios baldíos de todo el Pacífico colombiano, habitado por comunidades negras. Que se haga efectiva la Ley 70/93.

Mecanismos y acciones para hacer efectivas las propuestas orientadas a la solucion de la problemática agraria:

1. Reproducción masiva del documento de conclusiones de este segundo plenario de la Asamblea, acción que permitirá sensibilizar los ámbitos nacional e internacional sobre la situación real de Colombia, y en particular del sector campesino.
2. Que estas conclusiones sean leídas, y proyectadas las acciones pertinentes, por parte del Comité Operativo Nacional de la Asamblea Permanente por la Paz, y de todas sus organizaciones constitutivas, como mandato del segundo plenario.
3. En el entendido de que el campo no es sólo responsabilidad de los campesinos, sino base fundamental para la viabilidad y sostenibilidad de toda Colombia, es fundamental contar con el apoyo, la solidaridad y el compromiso del conjunto de la sociedad civil, en la conformación de un frente amplio, y alternativo al modelo neoliberal que pretende acabar con el campo.
4. Fortalecer la organización de los pequeños productores, para que en unidad con los desplazados y el movimiento campesino, indígena y negro, hagan factible el cumplimiento de las propuestas formuladas al Estado. ˇNo más tierra en pocas manos, ni muchas manos sin tierra!
5. Convocar a una movilización nacional contra las masacres y el desplazamiento forzado, exigiendo, además, su tipificación legal, como delitos de lesa humanidad.
6. Exigir al Gobierno la suspensión de las importaciones de productos agrícolas que se produzcan o puedan producir en nuestro territorio, y la revisión de los tratados internacionales de comercio, los que lesionan nuestra soberanía y empobrecen al campesinado.
7. Establecer zonas de reserva campesina como una forma de organización colectiva, que a su vez sean un instrumento formidable para la defensa de la tierra, porque la tierra, allí, no es acumulable.
8. Establecer la expropiación por vía administrativa de las grandes extensiones de tierra del narcotráfico y de los latifundistas que la mantienen ociosa
9. Lograr la democratización de la propiedad de la tierra, acabando con la especulación del latifundio, y limitando la extensión de la propiedad.
10. Exigir que los recursos que se destinan a la financiación de las guerras, mejor se inviertan en programas sociales para el campo.
11. Solicitar a la comunidad internacional una veeduría sobre los procesos de desplazamiento forzado. También, que se pronuncie contra las fumigaciones de glifosato y contra dicho desplazamiento.
12. Convocar a las organizaciones campesinas para la elaboración de un proyecto de ley de reforma agraria, concertado con las comunidades indígenas y negras, y que responda a los verdaderos intereses de los trabajadores agrarios desposeídos, el cual será presentado a través del mecanismo de iniciativa popular, y acompañado de movilizaciones populares.