Memorias de la Segunda Plenaria

Cali 28, 29 y 30 de julio 1999

III. Eje temático "Desarrollo Social"
 

3. El empleo

En esta comisión actuaron como moderadores Pedro Hernández y Rafael Gómez. Los relatores fueron Martha Bolívar, Donet Alzate, Argemiro Plaza, Luz Helena López, Norman Barajas y Marcos Bermont.

Ideas centrales:

  1. El trabajo es un derecho inalienable de la persona. Constitucionalmente es un derecho fundamental. Por tanto, la generación de empleo no puede hacerse sobre la base de desmejorar el nivel de vida de los trabajadores actualmente vinculados a la fuerza laboral.
  2. El Estado debe garantizar el derecho esencial al trabajo. Le corresponde, igualmente, reconocer y respetar los derechos de los trabajadores, ya que son garantizados internacionalmente.
  3. La dignificación del empleo o del trabajo cruza por establecer la igualdad de oportunidades, formales y materiales, por razones de sexo, edad y religión. Sin empleo, trabajo e ingresos, para todos, no puede haber igualdad social
  4. El modelo de desarrollo neoliberal impide la realización del Estado Social de Derecho, por que en vez de desarrollar las potencialidades del país, provoca la pauperización de la estructura económica y empeora las condiciones de trabajo. Es necesario implantar un modelo alternativo que esté, esencialmente, inmerso en el contexto internacional, pero basado en lo nacional; que incorpore lo regional en términos de las ventajas comparativas que ofrece; que considere lo cultural en lo productivo y que mantenga la biodiversidad; que permita construir una plataforma tecnológica y fomente el desarrollo de la productividad y la competitividad. Lo ambiental como factor de desarrollo y calidad de vida debe ser un elemento fundamental de esta propuesta alternativa. Que no sólo se consideren los medios para la producción de bienes y servicios, sino que se reproduzcan las condiciones para la vida digna y bella, para todos y todas, concibiendo el progreso, entonces, como un desarrollo humano sostenible.
  5. Otro elemento importante de un nuevo modelo consiste en que las formas solidarias de trabajo puedan mejorar su participación, desarrollar la idea de comunidad, contribuir a la construcción e identidad de un capital social.
  6. La economía informal, como uno de los grandes generadores de empleo e ingresos, y de valor agregado, debe ser incorporada a los planes de desarrollo territorial. Debe ser institucionalizada para que pueda ser objeto de atención por parte del Estado. Son preocupantes las políticas represivas y de persecución de que vienen siendo objeto los trabajadores informales.
  7. La recuperación del mercado local para la producción interna requiere del desarrollo real de las fuerzas productivas, mediante acceso a los recursos crediticios y tecnológicos, formación para el trabajo y aprovechamiento de la diversidad regional. Deben, también, emplearse las ventajas comparativas que ofrece el territorio nacional.
  8. Es necesario fomentar la conformación de un sistema educativo que contribuya a la formación de seres humanos, ciudadanos libres, con ética, con sentido de la justicia social, que incorporen sus saberes a las formas organizativas, que capitalicen y fortalezcan los logros del bienestar humano. Es decir, una fuerza laboral al servicio del desarrollo alternativo de nuestro país. Esto nos conduce a la necesidad de defender el sistema educativo publico estatal, pero rompiendo con la vocación empleómana, permitiendo la generación de alternativas autogestionarias propias, que contribuyan a la formación de comunidad y generen saberes sociales y productivos para el desarrollo, tanto en lo urbano como en lo rural.
  9. La corrupción, como flagelo en los ámbitos tanto privados como públicos, es un fenómeno que afecta sin duda las relaciones productivas de nuestro país, ya que impide la construcción de una infraestructura que posibilite la formación de los espacios sociales, el desarrollo de la democracia y la construcción de lo colectivo. La corrupción ha penetrado la cultura de manera tal que se constituye como un parasistema que va en detrimento de la idea de desarrollo sostenible, y que afecta la construcción de un sentido ético, beneficiando sólo a grupos e intereses privados.
  10. El sistema laboral actual discrimina y excluye los jóvenes, las mujeres, las etnias, los mayores de 30 años y los discapacitados, imposibilitando el desarrollo del potencial productivo del país. Mucho más graves han sido los procesos de exclusión de comunidades campesinas, negras e indígenas, las que vienen siendo desplazadas, por factores de violencia y de falta de oportunidades en sus regiones. Estas localidades requieren políticas específicas, que contribuyan a la reconstrucción de su tejido social y de las formas productivas territoriales.
  11. Nuestro país muestra indicadores de altísima concentración de la riqueza y el ingreso. Este hecho impide el libre acceso a los recursos productivos. Se hace necesario impulsar mecanismos que permitan la democratización de la propiedad, que garanticen el derecho constitucional al trabajo y al empleo, responsabilidad compartida con los empresarios y los trabajadores.
  12. Las riquezas naturales pertenecen a la nación. Su aprovechamiento y explotación deben ser concertados con las comunidades, los empresarios, los gobiernos locales y nacionales, de tal forma que se privilegie la participación, la democracia, las ventajas del territorio, la viabilidad técnica, la sostenibilidad ambiental, la factibilidad cultural y el carácter estratégico de los recursos.
  13. El problema del empleo no debe ser de manejo exclusivo del Gobierno, los sindicatos y los empresarios. Debe involucrar a toda la población: los independientes, los informales, los artesanos y, obviamente, los desempleados.

Disenso:

Los procesos de privatización de servicios públicos a través de formas solidarias, con participación comunitaria, eficiente y competitiva, en algunos casos han contribuido al mejoramiento de la calidad y la reducción del precio del servicio para los usuarios, generando una competencia favorable. Un servicio público puede ser prestado por particulares, mediante formas asociativas y solidarias, constituyendo alternativas muy importantes para el empleo y la productividad.

Propuestas:

  1. Eliminación del modelo neoliberal de desarrollo. Construcción de la política económica y social, cambiando los paradigmas, creando un desarrollo productivo y no especulativo, a través de un pacto social, como política de Estado.
  2. Desconcentración de la riqueza en el territorio colombiano.
  3. Vinculación de Colombia a la propuesta del Jubileo 2000, en lo relativo a la refinanciación de la deuda externa, o de condonación o no pago de los intereses durante un período, de tal forma que se permita la recuperación de recursos para la inversión productiva.
  4. Recuperación y protección de los mercados locales, objetivo que involucre a los diferentes actores productivos del territorio, construyendo alianzas estratégicas, para un desarrollo sostenible. Convertirnos en consumidores de producción nacional. No consumir la producción extranjera.
  5. Fortalecimiento de las pymes, de las microempresas y del sector solidario y autogestionario.
  6. Apoyar, desde el Estado, la comercialización internacional de los pequeños y medianos productores.
  7. Construir modelos educativos para el desarrollo económico productivo, con áreas vocacionales, en cada municipio, localidad y región, a partir de sus condiciones y ventajas comparativas. Defensa de la educación pública estatal. Reforzar, desde los inicios de la formación, el sentido ético de la vida. Apoyar la educación para la participación ciudadana con equidad.
  8. Establecer controles al capital financiero transnacional y a la inversión extranjera, diferenciando la especulativa de la productiva.
  9. Creación de la banca de fomento, y financiación de proyectos de inversión social y servicios domiciliarios. Que el 50% del impuesto a las transacciones financieras (2 por mil) sea destinado a la inversión social.
  10. Formular la legislación apropiada para el cuidado y preservación del patrimonio ambiental, cultural y productivo. Igualmente, establecer mecanismos de control para el beneficio de las comunidades autóctonas y del pueblo colombiano en general. Generar compromisos en lo atinente a la preservación de la vida, y al control de la contaminación biológica ocasionada por el desarrollo de la bioingeniería. Optimizar el aprovechamiento de la biodiversidad y, en general, de los recursos naturales.
  11. Incremento y diversificación de las exportaciones agrícolas.
  12. Dotar de programas de empleo los planes de desarrollo local, con zonas especiales, identificadas en los Planes de Ordenamiento Territorial.
  13. Institucionalizar las formas de participación y toma de decisiones de los ciudadanos.
  14. Desarrollar propuestas de empleo para poblaciones vulnerables.
  15. Introducir transparencia en las contrataciones laborales, tanto en lo privado como en lo público. Para ello, tener en cuenta la trilogía empleo-seguridad-honestidad.
  16. Redistribución de los salarios de los altos empleados, tanto privados como públicos, para reducir la alta tasa despidos.
  17. Disminución del presupuesto para la guerra, e incremento de recursos para la educación.
  18. Fortalecer a Ecopetrol y demás empresas estatales, tales como: Sena, Telecom, ISS, universidades, etc. No privatizar empresas estatales, más bien reorganizarlas en todas sus áreas.
  19. Estimulo a la vivienda de interés social. Desmonte del sistema Upac.
  20. Tratamiento penal a los corruptos, a los criminales y a los secuestradores.
  21. Inclusión, en la medición del PIB, del trabajo doméstico no remunerado, para permitir la generación de subsidios económicos hacia las amas de casa, cabezas de familia.
  22. Desmontar los proyectos de flexibilización laboral y de reforma de la seguridad social

Mecanismos:

  1. Acceso a recursos de crédito, con bajos intereses y períodos de gracia, para las economías solidaria e informal.
  2. Que el Estado participe, como orientador de programas de formación de empresas con capacidad competitiva, en sectores rentables y productivos socialmente.
  3. Estimular tributariamente la conformación de empresas que contribuyan altamente a la generación de empleo.
  4. La sociedad civil debe ser más propositiva y participativa.
  5. Impulsar sistemas de información comunitaria, sobre datos socioeconómicos y oportunidades de mercados ,tecnologías y financiamiento.
  6. Crear fondos de fomento para la inversión regional, y para la competitividad y la productividad.
  7. Los planes territoriales de desarrollo deben ser participativos y concertados.
  8. Las reformas tributarias y los impuestos deben estar orientados hacia la inversión social.
  9. Autonomía para las organizaciones de la sociedad civil. Que no estén sujetas a la intervención estatal.
  10. Veeduría en la inversión social.
  11. Eliminación de impuestos que graven al trabajo y al desarrollo económico
  12. Impulso de una cultura de lo ético en la familia, para generar equidad.
  13. Impulsar las empresas asociativas de trabajo, y las cooperativas, sin limitaciones para la contratación y sin la intermediación de la "politiquería".
  14. Creación de comités donde participen todos los actores involucrados en la problemática del desempleo.
  15. Ampliar la cobertura de participación de la comunidad en la Comisión Nacional de Televisión, para frenar la invasión de canales internacionales que incentivan el modelo neoliberal.
  16. Reducir la jornada laboral a 6 horas, con las garantías laborales actuales.
  17. Reestructuración administrativa de las empresas estatales con la participación de los sectores populares. Ampliación de cupos, en las juntas de usuarios de las empresas de servicios públicos.
  18. Alivio de las cargas tributarias, para las clases más desfavorecidas.
  19. Denunciar al Estado colombiano ante la OIT, y ante otros organismos internacionales, por el mal manejo de la política laboral, y por el desconocimiento de las conquistas y los derechos adquiridos por los trabajadores.
  20. Incluir, en el Consejo de Concertación Laboral, representantes de los diferentes sectores de la sociedad civil, para garantizar una toma de decisiones transparente, y que no se vulneren los derechos y garantías adquiridos por los trabajadores.
 
   
       

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