V. Declaración final
El Segundo Plenario de la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz, reunido en la ciudad de Cali, durante los días 28, 29 y 30 de julio, con la presencia de más de dos mil delegados y delegadas de centenares de organizaciones y de todas las regiones, avanzó en su compromiso de construcción del movimiento social por la paz. La deliberación giró en torno a tres ejes: "Vida", "Desarrollo social", y "Paz, identidad y fortalecimiento de la sociedad civil".
Nos encontramos en una compleja coyuntura en la que convergen el deterioro general de la situación nacional, el escalamiento del conflicto armado, las conversaciones de paz y la creciente movilización ciudadana. Las condiciones de vida han desmejorado y se han agudizado las tensiones y los conflictos sociales; la recesión económica golpea a todos los sectores de la población; las tasas de desempleo han crecido en forma crítica. Afrontamos los efectos de un modelo de desarrollo que, inspirado en concepciones económicas que magnifican el poder regulador del mercado, ha demostrado una enorme capacidad para producir pobreza e inequidad. Además cursan en el Congreso proyectos de "flexibilización laboral" que pretenden arrebatar a los trabajadores asalariados conquistas sociales vigentes durante varias décadas. En caso de ser aprobadas, contribuirán a deteriorar aún mas el nivel de vida y de trabajo de la población.
La política de paz avanza en medio del escalamiento del conflicto y la profundización de la crisis humanitaria. Las dificultades en el desarrollo de las conversaciones con las guerrillas, la intensificación de la confrontación, los secuestros masivos de civiles, el incremento de las masacres, de las desapariciones forzadas, los bombardeos indiscriminados, la conducción errática del proceso por parte del Gobierno y su acelerado desgaste político, han alimentado un clima de escepticismo en torno a la viabilidad de la solución política negociada. También han favorecido la polarización política y han fortalecido las voces que demandan una salida militar.
La Asamblea ratifica su compromiso con la solución política negociada del conflicto armado, apoya las conversaciones de paz con las FARC-EP en la zona de distensión, exige el descongelamiento del proceso de Convención Nacional con el ELN y la apertura de negociaciones con todos los grupos insurgentes, sin discriminaciones. Frente a las posiciones que claman por una eventual intervención militar extranjera para poner fin a la guerra, defiende el derecho a la autodeterminación y al ejercicio soberano de nuestra autonomía ciudadana para salir de la encrucijada actual. Convocamos la solidaridad internacional para respaldar la solución negociada.
A un año de nuestra instalación hemos avanzado en el fortalecimiento de la sociedad, del movimiento social por la paz y en la construcción de la Asamblea Permanente como sujeto político. Sin embargo, sigue pendiente el cumplimiento del Mandato Ciudadano por la Paz, la Vida y la Libertad, lo cual, desde aquí, exigimos. Demandamos tanto del Gobierno como de los actores armados el reconocimiento del derecho de la sociedad a participar en el proceso de negociación de una agenda que tiene, como objetivo último, la construcción de una sociedad democrática y un Estado fundado en la justicia social.
Como espacio pluralista, integrado por personas provenientes de diferentes clases y sectores, y por organizaciones comprometidas con la construcción de un proyecto de país, el Segundo Plenario de la Asamblea adopta estrategias y se compromete con el desarrollo de acciones que se conviertan en hechos efectivos de paz. Continuaremos el trabajo de generar acuerdos sociales, crear escenarios de diálogo y contribuir al fortalecimiento organizativo y conceptual para poder incidir en todas las agendas que tengan que ver con la solución negociada de los conflictos nacionales y el afianzamiento de una política permanente de desarrollo y paz con justicia social. Convocamos a todos los actores sociales en torno a estos propósitos.
Nos comprometemos a continuar la labor de formación y crecimiento personal y social, mediante el análisis y la presentación de propuestas sobre los problemas locales, regionales y nacionales; al desarrollo de una cultura y pedagogía por la paz; a fortalecer redes organizativas que permitan tanto el intercambio y aprendizaje interregional e intersectorial, así como al fortalecimiento del movimiento social por la paz; a generar estrategias comunicativas, de reflexión y de acción que expresen las posiciones y los proyectos de la Asamblea. Apoyamos, y hacemos nuestra, la Semana por la Paz.
La Asamblea demanda del Estado y de todos los actores armados el respeto de las normas humanitarias y propone la celebración de acuerdos humanitarios especiales de vigencia inmediata, como por ejemplo los que prohiben el reclutamiento de menores. Es imperativo el respeto de los derechos humanos civiles, políticos, económicos, sociales, colectivos y culturales sin discriminación alguna, así como la sanción a los responsables de las violaciones a los mismos, factores fundamentales, éstos, para lograr relegitimar la administración de justicia en el país. Igualmente reclama la ratificación de la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, la Convención de Ottawa sobre minas antipersonales, el Estatuto de la Corte Penal Internacional, así como la tipificación como delito de la desaparición forzada, el desplazamiento forzado y otros crímenes contra la humanidad. Es imperiosa la adopción de una política estatal en materia de derechos humanos y el cumplimiento de los compromisos jurídicos que a nivel nacional e internacional ha adquirido el Estado.
Acorde con el postulado de que la paz se fundamenta en la justicia social, y como quiera que el modelo de desarrollo en curso ha generado profundos desequilibrios regionales y agravado las inequidades sociales, todo lo cual alimenta las violencias que aquejan a la sociedad, la Asamblea propone hacer del proceso de paz la oportunidad para concertar entre las distintas fuerzas sociales un modelo de desarrollo que partiendo de la redistribución de la propiedad, la riqueza y las oportunidades, fortaleciendo la inversión social y apoyando la industria, el campo y el trabajo nacionales, apunte a la creación de más altos estándares de bienestar. Igualmente propone un acuerdo que asegure a los colombianos y colombianas las condiciones básicas para garantizar una vida digna, como primer paso en el desarrollo de una agenda social de paz.
Como una de las expresiones organizadas de la sociedad, la Asamblea destaca las múltiples experiencias sobre paz, las acompaña en su desarrollo, invita a hacerlas conocer, emularlas y difundirlas. Reivindica la posibilidad de debatir y disentir de forma pacífica, sin que por ello se ponga en peligro la vida de las personas.
Es de vital importancia la construcción de una cultura de paz basada en procesos de socialización que se generen en la familia, la escuela, los espacios de la vida cotidiana, las relaciones políticas, económicas, estéticas e interinstitucionales de la sociedad. La promoción de la paz como cultura debe tener en cuenta la construcción de las identidades locales, regionales y nacionales con sus múltiples dimensiones: familiares, étnicas, religiosas, políticas y estéticas. Reafirma la Asamblea la centralidad de una generación de valores en los cuales prime la unidad desde la pluralidad y la convivencia y la aceptación de las diferencias como elementos de la misma.
Construir la paz es también promover un Estado sin corrupción; unos medios de comunicación accesibles a todos los sectores de la sociedad, que analicen y no distorsionen la realidad, que en lugar de atizar la guerra asuman una postura ética de compromiso con la verdad en la información y la búsqueda de la paz, más allá de sus conveniencias comerciales o políticas.
La Asamblea reafirma que Colombia necesita seguir desarrollando un vigoroso y autónomo movimiento por la paz, que se erija desde todas las localidades y regiones, encaminado a la construcción de la paz integral y a la terminación de la guerra. La paz es un proceso de transformación de la sociedad y de sus conflictos, de superación de la pobreza, la inequidad y las exclusiones, y no se construye a partir del odio sino del diálogo y la inclusión.
Invitamos a todas aquellas personas y organizaciones procedentes de todos los sectores y regiones que aún no se han vinculado a este proceso, a integrarse al mismo con el ánimo de fortalecer el movimiento por la paz y garantizar, entre todos y todas, la construcción de una sociedad y un Estado democráticos, justos e incluyentes. En medio de las dificultades, seguros de la solidaridad de las naciones y los pueblos que nos acompañan en este lucha por un futuro superior, más temprano que tarde, los colombianas y colombianas, construiremos la sociedad justa, equitativa, libre y democrática que queremos, y por la cual, generaciones de compatriotas han luchado desde diferentes posiciones y concepciones. El ingreso al nuevo milenio marcará un paso adelante en la realización de este propósito irrenunciable.
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