Memorias de la Segunda Plenaria

Cali 28, 29 y 30 de julio 1999

VI. Conclusiones y propuestas para el 2000

El segundo plenario de la Asamblea reitera su propósito de concretar propuestas y estrategias y desarrollar acciones que se conviertan en hechos efectivos de paz.

Para lograr este objetivo, la Asamblea se reafirma como un espacio humano, de diversas características, grupos, clases y organizaciones, los que trabajan en la construcción de un proyecto de país, convocando para este fin a todos los actores sociales. Reiteramos su carácter autónomo frente al gobierno y a los sectores armados en conflicto.

Por otra parte, la Asamblea, frente a la realidad nacional, debe continuar el proceso de generar acuerdos sociales, crear espacios de diálogo, contribuir al fortalecimiento organizativo y conceptual que incida en todas las agendas que tengan que ver con la solución negociada de los conflictos nacionales, y con el afianzamiento de una política permanente de desarrollo y paz con justicia social.

En su dinámica interna, los integrantes de esta Asamblea nos comprometemos a continuar la labor de formación y crecimiento personal y social, a través del análisis y la formulación de propuestas sobre los problemas locales, regionales y nacionales, y de una cultura y pedagogía por la paz; a fortalecer redes organizativas que permitan tanto el intercambio y aprendizaje interregional e intersectorial, como el fortalecimiento del movimiento social por la paz; a generar estrategias comunicativas, de reflexión y de acción, que expresen las posiciones y los proyectos de la Asamblea y ayuden a convocar a los diversos actores del país.

La Asamblea reconoce la importancia de la participación de la sociedad en este proceso; reafirma que debe jugar un papel autónomo e independiente; su intervención no debe ser considerada únicamente en su aspecto consultivo sino que debe asumirse como participación decisoria. En el seno de la sociedad se dan múltiples y valiosas experiencias de paz, cuya existencia es necesario reafirmar, desarrollar, visibilizar y difundir en los ámbitos local, regional y nacional, con miras a construir una efectiva esperanza. Como sociedad civil reivindicamos la posibilidad de debatir, disentir, afirmar y negar principios, propuestas y proyectos, de forma pacífica, sin que por ello se ponga en peligro la vida de las personas.

Reflexionando sobre estas realidades, la Asamblea se compromete a dinamizar estos procesos y a apoyar iniciativas en esta dirección, desde lo local, lo regional y lo nacional.

La Asamblea reitera la importancia de la construcción de una cultura de paz basada en procesos de socialización que se generan en la familia, la escuela, las relaciones interinstitucionales, los espacios de la vida cotidiana, las relaciones políticas, económicas y estéticas de la sociedad.

Para promover la paz como cultura, debe tenerse en cuenta la construcción de las identidades locales, regionales y nacionales, en sus múltiples dimensiones (política, estética, religiosa, familiar, étnica). Construir la paz también es promover un Estado sin corrupción y unos medios de comunicación que narren y presenten una realidad sin distorsiones.

La Asamblea reafirma que Colombia necesita seguir desarrollando un vigoroso y autónomo movimiento por la paz, que se erija desde todas las localidades y regiones del país, encaminado a la terminación de la guerra y a la construcción de la paz integral. Hablar de paz es referirse a un nuevo tipo de sociedad; la paz no es sólo resolver el problema de la guerra. La paz es un proceso de transformación de los conflictos y de la sociedad, y no surge del odio sino del diálogo y la inclusión.

La Asamblea asume que el movimiento por la paz es la acción colectiva y democrática en la búsqueda de la paz integral con justicia social. El movimiento debe ser autónomo y tener identidad propia. Como proceso supone objetivos, acciones, estructura, acuerdos, tener un derrotero común. El movimiento social de paz, del cual forma parte la Asamblea, se compromete en forma decidida a la solución política del conflicto armado y considera que sus acciones prioritarias en el presente son el establecimiento de acuerdos humanitarios entre los actores armados, la participación amplia, pluralista y masiva en la discusión pública de la Agenda de Paz, el fortalecimiento del movimiento de paz desde las localidades y regiones. Es preciso articular las diferentes iniciativas de paz para generar presión social y fuerza política.

La Asamblea Permanente por la Paz llama a propiciar un diálogo que inicie el proceso de paz en Colombia, reivindicando la justicia social como condición para una paz estable y duradera, que supere el despojo de la vida, de la tierra, del trabajo, de la educación, de la salud, de la participación en las decisiones del gobierno y del Estado. La Asamblea considera que la agenda económica, social y laboral no puede ser paralela a las iniciativas de paz. De tal manera, mientras se reconoce como interlocutor a la insurgencia colombiana, no se puede desconocer como tal a las organizaciones de trabajadores y a otras organizaciones sociales para lograr un pacto social mínimo.

En relación con el conflicto armado:

• La Asamblea se pronuncia en contra de cualquier intervención extranjera.
• Reivindica el derecho a la autodeterminación y la defensa de la soberanía nacional, y convoca a la solidaridad internacional mediante el respaldo a la solución política negociada al conflicto armado.
• Exige el respeto al Derecho Internacional Humanitario, por parte de todos los actores armados.
• Urge el cese del secuestro, de la desaparición forzada, de las masacres, los bombardeos indiscriminados y demás atropellos contra la población civil desarmada.
• La Asamblea demanda su participación en el proceso de negociación y reitera su autonomía frente al gobierno y a los actores armados.
• En el marco de la negociación, se recomienda la realización de foros nacionales y regionales, con participación de representantes del conflicto armado, donde se reafirme la voluntad frente a la solución política negociada de los conflictos, tanto armado como social.

Sobre el desplazamiento forzado:

Es la expresión más dramática de la degradación del conflicto armado interno en Colombia. Está inducido por el control territorial, el despojo y la expropiación violenta de la tierra. Detrás de quienes desplazan hay importantes intereses económicos nacionales e internacionales. Por eso desde esta asamblea:

• Rechazamos el paramilitarismo, principal autor del desplazamiento forzado, rechazamos sus vínculos con el Estado, exigimos que se desmantele su organización y que se castiguen sus delitos.
• Proponemos la aprobación de una ley que tipifique como delito de lesa humanidad, el desplazamiento forzado. También, la creación de una comisión de la verdad, sobre el despojo violento, para garantizar a las víctimas del desplazamiento la propiedad sobre la tierra.
• Solicitamos a la comunidad internacional promover la atención humanitaria a la población desplazada, facilitar el reconocimiento como refugiadas a las personas que por razón del conflicto se vean obligadas a cruzar las fronteras con los países vecinos, y prevenir el desplazamiento ocasionado por la implementación de megaproyectos impulsados por las empresas transnacionales.

Sobre la responsabilidad del Estado y la impunidad:

La sistemática violación de los derechos humanos, da cuenta de un fenómeno de carácter estructural, de su agudización reciente, hasta constituir un verdadero drama humanitario, por las masacres, las desapariciones forzadas, el secuestro, los fusilamientos y otros crímenes perpetrados por los actores del conflicto, estatales y no estatales. La ocurrencia sistemática de crímenes de lesa humanidad conspira en contra del establecimiento de la paz en cualquier sociedad. En este sentido es importante advertir sobre una preocupación que embarga a la Asamblea: la paz no puede tener como cimiento la impunidad. La Asamblea Permanente por la Paz rechaza la pena de muerte, reivindica la función resocializadora de la pena, y rechaza las ejecuciones, fusilamientos y masacres como medio de justicia privada, paramilitar y guerrillera.

• Promovemos la aprobación de una ley que tipifique como delitos de lesa humanidad, la desaparición forzada, el genocidio y la tortura. También que desmonte el fuero militar. Que se ratifique la convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad y se revisen los códigos disciplinarios, en relación con las sanciones para funcionarios públicos, por su responsabilidad en violaciones de los derechos humanos.
• Derogatoria de la ley que originó las Convivir. Hacer efectiva la desvinculación del servicio de los agentes del Estado que, por acción u omisión, patrocinan grupos paramilitares
• Apoyamos los acuerdos humanitarios regionales y locales promovidos desde diversas instancias de la población civil, así como la creación de zonas neutrales y de comunidades de paz.
• Llamamos también a la insurgencia para que haga públicos sus códigos de conducta y sus estatutos disciplinarios, los cuales deben ajustarse a los preceptos del derecho humanitario y a las normas que protegen la vida y la dignidad humana, en todo tiempo y lugar.

Sobre el derecho a no hacer parte de la confrontación armada:

• Exigir que los menores de 18 años sean protegidos contra toda forma de violencia física y moral, que no sean vinculados al conflicto armado, no sean reclutados, utilizados en acciones militares directas o logísticas.
• Los niños en abandono total deben ser rescatados de las zonas en conflicto, garantizándoles protección, educación, cuidado y seguridad social, para el libre desarrollo de su personalidad.
• Reglamentar la objeción de conciencia para el servicio militar obligatorio y promover tanto el servicio militar voluntario, como el servicio social alternativo, a través de un proyecto de ley que presente el Defensor del Pueblo a consideración del Congreso, en un plazo máximo de dos meses.
• Realizar un encuentro nacional de víctimas de crímenes de lesa humanidad, durante el año 2000. Respaldo e impulso a iniciativas que apunten a la reconstrucción de la memoria histórica y a las comisiones de la verdad.

Sobre la situación carcelaria:

• Desmonte de la justicia especializada. En este sentido promover la demanda de inconstitucionalidad de este nuevo tipo de justicia (Ley 504 de 1999). Propugnar por que se evite el abuso de la detención preventiva como medida de aseguramiento dominante, se haga caso de las recomendaciones hechas por los organismos internacionales en materia de garantías procesales, se establezca como pena máxima de prisión 30 años y se promueva la adopción de medidas democráticas. Realizar el seguimiento sobre el cumplimiento, por parte del Gobierno, de la sentencia de la Corte Constitucional según la cual le fija un plazo máximo de cuatro años para superar la crítica situación de hacinamiento carcelario. Exigir del Gobierno la protección de las personas de nacionalidad colombiana detenidas en calidad de sindicados y condenados, en cárceles extranjeras.

Sobre el derecho a la autodeterminación de los pueblos:

• Rechazo de cualquier forma de intervención extranjera. Exigir la salida del país de tropas y/o asesores extranjeros. Movilizar a los defensores de derechos humanos y a las personalidades democráticas del continente, para que se pronuncien en contra de una intervención. Fortalecer mecanismos de control y vigilancia sobre la ayuda militar, financiera y logística que brinden otros países. Propender por un ejercicio de resistencia frente a la aplicación de las políticas de ajustes impuestas por el FMI, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo. Se deben respetar y reconocer los territorios indígenas como entes territoriales autónomos, como áreas de especial protección del DIH, y reconocer la autonomía de su propia jurisdicción.

Sobre el apoyo de la comunidad internacional:

• Resulta evidente la importancia que ha cobrado la acción de la comunidad internacional, con miras a que el Estado colombiano asuma su responsabilidad en materia de derechos humanos.
• También se advierte sobre el peligro que supone ser vistos por otros países como una "amenaza humanitaria" que ameritaría una decisiva acción intervencionista, ocultando otro tipo de intereses respecto a nuestro territorio nacional.
• Se propone impulsar la creación de un tribunal internacional de opinión sobre la persecución sistemática desatada en contra de la vigencia de los derechos humanos en Colombia. También de un tribunal especializado en derechos humanos para que impulse el derecho de amparo, diferente a la acción de tutela, como en los casos de la acción de amparo social agrario de los campesinos e indígenas, de la acción de amparo judicial, de la acción de amparo a las iniciativas de paz.

En relación con los derechos económicos, sociales y culturales:

• Aglutinar a diversos sectores sociales en torno a un plan de emergencia social. Presionar al Estado colombiano a negociar, con diversos sectores sociales, un pacto mínimo social que tenga como base este plan.
• Promover el ejercicio del derecho a la desobediencia civil no violenta frente a las políticas económicas, sociales y laborales propuestas e impulsadas por el actual Gobierno. Impulsar la convocatoria de paro nacional hecha para el 31 de agosto.
• Promover la desobediencia civil frente al gasto público dedicado a la guerra, apoyando iniciativas de objeción fiscal.
• Proponer una educación ciudadana sobre derechos y formas de acceso a la justicia estatal y comunitaria. Promover la creación de veedurías ciudadanas a la gestión y eficiencia de la administración de justicia.
• Coordinar con el Ministerio de Educación la inclusión de una línea de trabajo sobre "Experiencias educativas por la paz", en la red de innovaciones educativas, y establecer premios para las experiencias más destacadas. Desarrollar propuestas curriculares que fortalezcan, en todos los niveles, conceptos éticos de convivencia, solidaridad, paz, democracia y participación.
• Presentar un proyecto de ley mediante el cual se plantee una formación pedagógica obligatoria en derechos humanos, compaginándola con la Registraduría Nacional en el momento de otorgar la calidad de ciudadanos.
• Fomentar una cultura legislativa, de paz y de pedagogía de los derechos humanos, por intermedio de los consejos municipales y departamentales de paz.
• También se señala la importancia de la divulgación y utilización de los Territorios de Paz como espacios de conciliación permanente y educación; así como de las experiencias de los laboratorios o comunidades de paz en Mogotes y Urabá.

La Asamblea reafirma que la paz se fundamenta en la justicia social:

• Se requiere avanzar en la definición concertada, entre las distintas fuerzas sociales, de un modelo de desarrollo que asegure la redistribución de la riqueza y de las oportunidades.
• Se propone un pacto social mínimo que en ningún caso signifique un retroceso en las reivindicaciones históricas alcanzadas por los trabajadores.
• La Asamblea se compromete a aportar elementos políticos y técnicos a sus instancias locales, regionales y sectoriales para que sean gestoras eficaces del desarrollo regional, en función de la paz.
• Impulsar una política de desarrollo rural sostenible y sustentable, cuyo principal instrumento sea una reforma agraria integral, democrática y participativa, que realice profundos cambios en las estructuras de propiedad y de tenencia, así como en los procesos productivos.
• Solicitar a la comunidad internacional una veeduría sobre los procesos de desplazamiento forzado, y para que se pronuncie contra el despojo violento y las fumigaciones de glifosato.
• Convocar a las organizaciones campesinas para la elaboración de un proyecto de ley de reforma agraria, concertado con las comunidades indígenas y negras. Establecer zonas de reserva campesina, como una forma de organización colectiva para la defensa contra el latifundio.
• Asumir el reto de construir, desde las organizaciones campesinas, propuestas alternativas que dignifiquen la vida y la identidad campesina, como política de Estado.