Eje II
Vida / Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario

Consensos o mandatos

No hay una definición clara de los mandatos en las plenarias, tomaremos las memorias del II Plenario para evidenciar los consensos. Sin embargo, en las memorias se confunden las propuestas con los acuerdos o consensos, base real de los mandatos. los mandatos son por definición vinculantes a las personas e instituciones que hacen parte de las Asambleas que toman las decisiones. Las Asambleas son las formas mas cercanas de participación en una democracia directa. A pesar de esta dificultad intentamos presentar los siguientes mandatos o consensos:

a) Acuerdos humanitarios

Se debe establecer un acuerdo humanitario mínimo entre los actores armados, dirigido a respetar a la población civil y a quienes desempeñen labores humanitarias en el conflicto, tales como el personal médico. Dicho acuerdo debe enmarcarse dentro de lo establecido en los convenios de Ginebra. Además, ha de ser verificable y puede ser temático y geográfico. Impulsar además Acuerdos humanitarios regionales y locales, promovidos desde diversas instancias de la población civil.

Verificación

1. Para efectos de verificación, la Comisión de Encuesta, establecida en el protocolo I y los convenios de Ginebra.
2. Constitución de comisiones mixtas de verificación amplias, con participación social e internacional. Diálogo directo con los actores armados

b) Sociedad civil y actores armados:

la Asamblea Permanente debe emplazar públicamente a los actores armados para que se acojan al DIH en el desarrollo del conflicto. Igualmente, para que avancen hacia una tregua o alto de fuego mientras duran los diálogos de paz. También debe proponer al Gobierno y a las FARC iniciar las negociaciones de paz por las temáticas relativas a los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario. En la agenda de negociación se debe incorporar explícitamente el tema de los desplazados. Una comisión del evento debe hacer entrega pública de las propuestas, y en general las conclusiones de la Asamblea, a las partes enfrentadas.

c) Legislación en derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario:

1. impulsar una ley que tipifique como delitos de lesa humanidad, la desaparición forzada, el desplazamiento forzado, el genocidio y la tortura.
2. Crear mecanismos nacionales e internacionales para el retorno y la recuperación de la vida familiar de los desplazados.
3. Indemnizar económica, social, material y moralmente a los desplazados; además restituir los bienes perdidos, como viviendas, cultivos, pie de cría de los animales.

d) Difusión del Derecho Internacional Humanitario y de los derechos humanos

Que a través de los medios de comunicación, de cualquier tipo, instituciones educativas particulares o estatales, gremios, asociaciones culturales, artísticas, deportivas, iglesias, sindicatos, y demás sectores sociales, se dé la oportunidad de aprender la pedagogía y difusión del Derecho Internacional Humanitario y los derechos humanos, para garantizar su conocimiento y exigir su cumplimiento.

e) Lucha contra la impunidad

1. Impulsar la realización de un amplio encuentro nacional de derechos humanos, evento que logre sensibilizar a la opinión sobre la necesaria lucha contra la impunidad, como un factor que contribuya al establecimiento de la paz, como producto de la justicia y no del olvido.
2. memoria, como la Galería de la Memoria y el proyecto de Nunca Más.
3. Apoyar la labor emprendida por la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, así como a las comisiones de la verdad impulsadas, a partir de casos concretos, por las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos.
4. Ratificar la Convención que proscribe el uso de minas antipersonales (Ottawa), mediante la aprobación de una ley al respecto.
5. Ratificar la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, mediante la aprobación de una ley pertinente. Ratificar el Estatuto de Roma, por el cual se da vida a la Corte Penal Internacional.
6. Revisión del Código Disciplinario en relación con las sanciones para funcionarios públicos, por su responsabilidad en violaciones de los derechos humanos.
7. Desmonte del fuero militar.
8. Derogatoria de la ley que originó las "cooperativas" Convivir.

f) Derechos humanos y responsabilidad estatal

1. Presionar el Estado colombiano a cumplir las recomendaciones formuladas por organismos intergubernamentales en materia de derechos humanos. En ese mismo sentido, se apoyan y se respaldan tanto el mandato, como las gestiones de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la que actualmente tiene asiento en Colombia.
2. Fortalecer la labor de información a las diferentes instancias de los organismos intergubernamentales de derechos humanos de la ONU y la OEA.
3. Exigir al Estado mecanismos confiables, oportunos y eficaces de protección para los defensores de derechos humanos y líderes sociales. Particularmente, enfatizar en el cumplimiento de los compromisos adquiridos en febrero pasado por el Gobierno, en cabeza del presidente Pastrana, en relación con la adopción de medidas de prevención y protección

g) Derechos económicos, sociales y culturales

1. Aglutinar a diversos sectores sociales en torno a la construcción de un plan de emergencia social que recoja las principales reivindicaciones de las mayorías en la actual coyuntura (congelación de precios de los productos de primera necesidad, desmonte del Upac, congelamiento de matrículas escolares, renegociación de la deuda externa, etc.)
2. Presionar al Estado colombiano a negociar con diversos sectores sociales un pacto mínimo social que tenga como base el plan de emergencia social.
3. Promover el ejercicio del derecho a la desobediencia civil no violenta, frente a las políticas económicas, sociales y laborales propuestas e impulsadas por el actual Gobierno.
4. Contribuir a la difusión nacional e internacional de las violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales.

h) Desplazamiento forzado:

Reglamentar la Ley 387. Implementar mecanismos de protección, a la luz del DIH. Promover la atención humanitaria a la población desplazada y facilitar el reconocimiento como refugiadas a las personas que por razón del conflicto se vean obligadas a cruzar la frontera con los países vecinos. Garantizar la propiedad sobre la tierra para las personas que se ven obligadas a desplazarse. Prevenir el desarraigo de pobladores, ocasionado por la implementación de megaproyectos impulsados por empresas transnacionales.

i) Secuestro:

La Asamblea condena el secuestro, cualquiera que sea su finalidad. Las acciones emprendidas en torno a la liberación de personas secuestradas deben involucrar a todas las víctimas, sin distingo alguno.

j) Justicia y derechos humanos

Reclamar el fortalecimiento de los organismos de justicia y de control del Estado, encargados de la protección de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario.

1. Exigir la aplicación de la ley sobre los grupos paramilitares y de justicia privada.
2. Apoyar el impulso y fortalecimiento de formas alternativas de justicia, como la comunitaria.
3. Presentar propuestas progresistas sobre los proyectos de reforma de los códigos Penal y de Procedimiento Penal. De igual manera en lo relativo a la reestructuración de la Fiscalía General, para que sea un órgano instructor solamente.
4. Rechazar las propuestas de reforma laboral que supriman los derechos adquiridos por los trabajadores.
5. Restringir los estados de excepción que den facultades ilimitadas al Ejecutivo nacional para dictar normas que penalicen la protesta social o que eliminen la oposición política.
6. Instar al Congreso de la República para que incorpore a nuestro ordenamiento jurídico el Estatuto de Roma, normatividad la cual se creó la Corte Penal Internacional, para el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad. Igualmente en lo atinente a la imprescriptibilidad de dichos crímenes.
7. Promover el respeto y reconocimiento de los territorios indígenas como áreas de especial protección del DIH y de jurisdicción autónoma.
8. Rechazar la pena de muerte, reivindicar la función resocializadora de la pena y rechazar las ejecuciones, fusilamientos y masacres como medios de justicia privada, paramilitar o guerrillera.
9. Promover el respeto y reconocimiento de los territorios indígenas como áreas de especial protección del DIH y de jurisdicción autónoma.
10. Rechazar la pena de muerte, reivindicar la función resocializadora de la pena y rechazar las ejecuciones, fusilamientos y masacres como medios de justicia privada, paramilitar o guerrillera.

Discusiones

Para iniciar indicaremos algunos elementos de referencia para facilitar el trabajo de la III Plenaria. Desde luego retomando recientes informes sobre la situación de derechos humanos en nuestro país, el primero la Agenda para la Superación de la Crisis de Derechos Humanos en Colombia realizada los días 7 y 8 de Septiembre del 2000 y el segundo, más reciente, el Informe sobre Colombia presentado por la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos presentado el 8 de febrero del 2001 ante la Comisión de Derechos Humanos del Consejo Económico y Social de esta Organización. Además recogemos las conclusiones, aun parciales, del II Encuentro de Mesas Ciudadanas realizadas el 29 y 30 de abril del 2001.

La Alta Comisionada considera en sus conclusiones que a situación de derechos humanos en general ha avanzado hacia un "notorio y objetivo agravamiento" afirmando que las violaciones a tales derechos pueden ser calificadas de "graves masivas y sistemáticas". De igual manera la Declaración Final de la "Agenda" manifestaba sus preocupaciones en este sentido "la grave crisis que sigue atravesando hoy el país en materia de derechos humanos y de derecho humanitario".

En la materias que son objeto de discusión del Eje de Vida algunas de las conclusiones del Informe de la Alta Comisionada son:

• Señala la Alta Comisionada en su informe que "Los principales derechos afectados fueron el derecho a la vida, a la integridad, a la libertad, a la seguridad personal" y recoge las afirmaciones hechas por el Ministro de Defensa donde afirma "los miembros de los grupos paramilitares continúan siendo los principales violadores de estos derechos".
• Sobre las recomendaciones internacionales en materia de protección de derechos humanos reconoce: "no han alcanzado la importancia, constancia y eficacia requeridas frente a la gravedad de la situación del país" y más adelante señala "la Alta Comisionada expresa su preocupación por el hecho de que la mayoría de las recomendaciones internacionales no se hayan beneficiado del debido seguimiento por parte de las autoridades".
• Sobre la situación de las personas privadas de la libertad en las cárceles colombianas la Alta Comisionada concluyo: "las condiciones en que se mantiene a las personas privadas de la libertad en las cárceles colombianas vulneran abiertamente, por si mismas, las reglas internacionales sobre el tratamiento a los reclusos. Además de la precaria atención en todos los aspectos, la Alta Comisionada señala otros factores como "la violencia, el hacinamiento, los malos tratos, el trafico de armas y de drogas, la inseguridad, la delincuencia organizada desde el interior de los recintos penitenciarios" señala su preocupación sobre "el control efectivo del estado sobre las instalaciones penitenciarias, la falta de política integral y garantista, el abuso de la detención preventiva y las limitaciones al ejercicio de habeas corpus".
• En el tema del desplazamiento forzado la Alta Comisionada resalta en sus conclusiones: "El desplazamiento forzado ha seguido incrementándose y expandiéndose a nuevas zonas del país", sin bien es cierto, el informe reconoce los esfuerzos y avances en la concepción estructural y política, aun" no se ve que ello se traduzca en medidas integrales concretas que consigan enfrentar adecuadamente esta problemática". Afirma la Alta comisionada que "no se registraron avances en la política de prevención ni se estableció, ni funciono un sistema de alerta temprana" , señala la falta de liderazgo del gobierno en estas materias y el poco avance en la implementación de la política COMPES. Muestra su gran preocupación por la vulnerabilidad de los líderes de desplazados que "continúan siendo objeto de amenazas, hostigamiento y muerte".
• Mención especial realiza la Alta Comisionada sobre la crítica situación de las comunidades indígenas y afrocolombianas que "han visto incrementadas las violaciones a sus derechos fundamentales, en particular por haber sido víctimas de muerte, atentados, hostigamiento, desplazamiento y desconocimiento de sus derechos específicos". Señala además que la Comisión interinstitucional creada por el Decreto 1.396 de 1996 solo se ha reunido en una ocasión y ha sido cancelada en dos ocasiones por ausencia de los altos responsables del estado y, en particular, del Ministerio del Interior.
• Las mujeres, indica el Informe, continúan siendo víctimas de las discriminación, en particular en las esferas de la educación, el empleo y la participación política y señala a continuación "se ven también afectadas por la violencia intrafamiliar, el abuso sexual y el trafico de mujeres". Igualmente en el marco del conflicto armado, son víctimas de la agresión sexual de los combatientes y constituyen el mayor grupo de la población desplazada. Afirma la Alta Comisionada "los programas y normas previstas en el marco de una política de genero no han modificado significativamente las desigualdades y vulnerabilidad de las mujeres.

Otros puntos que fueron propuestos como insumos para las discusiones de la III Plenaria de Rionegro, Antioquia por los asistentes a la reunión del "Eje Vida" realizada el viernes 17 de 2001, fueron:

1. Sobre la relación entre globalización, derechos humanos y proceso de paz en Colombia. En este sentido, se argumento que a pesar de los grandes beneficios que el proceso de Paz Colombiano ha recibido y recibirá de la Comunidad Internacional, no se debe perder de vista la venta de armas, los intereses económicos de las empresas multinacionales y de los diferentes gobiernos europeos y norteamericanos también son factores que imposibilitan una paz con justicia social.
2. Recientemente el Sr. Anders Kompass Director de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos propuso la firma de una Acuerdo Global sobre derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, esta propuesta no necesariamente es contraria a la propuesta impulsada por la Asamblea sobre el impulso de Acuerdos Humanitarios de Aplicación inmediata, pero si debe ser objeto de un detenido debate en la III Plenaria.
3. La Asamblea hace parte del Comité Operativo de la Campaña "Sensibilización de la población Civil Colombiana frente a la Impunidad y Promoción de la Corte Penal Internacional", recientemente el Senador Jimy Chamorro radico un proyecto de ley para la ratificación del Estatuto de la Corte por parte del gobierno colombiano. Es necesario discutir sobre algunos disensos que hay sobre este tema al interior de las organizaciones que hacen parte de la Asamblea, para definir cual será el papel de la Asamblea en este proceso de ratificación.
4. Es necesario reestructurar la "Comisión de Vida" al interior de la Asamblea por este motivo es vital reafirmar el compromiso de las organizaciones sociales y de derechos humanos que en el último año están un poco alejadas de la Asamblea.

Plan de Acción

Coincidimos que debemos recoger como Plan de Acción los señalados en los siguientes documentos y eventos:

• Conclusiones del Encuentro "Agenda para la Superación de la Crisis de Derechos Humanos en Colombia" llevada a cabo los días 7 y 8 de septiembre del 2000.
• Recomendaciones del Informe sobre Colombia presentado por la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos el 8 de febrero del 2001 ante la Comisión de Derechos Humanos del Consejo Económico y Social de esta Organización
• Conclusiones del II Encuentro Nacional de Mesas Ciudadanas realizado los días 29 y 30 de marzo del 2001.