Eje I
Fortalecimiento de la Sociedad Civil y proceso de paz

D. Conflicto Urbano¹

En Colombia existen muchas violencias, las que se observan y soportan en las grandes y pequeñas ciudades con singularidades pero están íntimamente ligadas a las violencias del país.

Estudios recientes plantean la complejidad en la lectura de la violencia, esta se asocia con pobreza, pero las causas vienen de factores plurales tales como: la ilegitimidad del Estado, la corrupción, la impunidad y el narcotráfico así como la reducción de la calidad de vida, la inequidad y la inseguridad ciudadana.

Las violencias existentes en nuestras ciudades involucran a actores de diversas procedencias sociales que actúan de manera organizada y en las que operan personas de todos los estratos, algunas con influencia en instituciones del Estado.

La delincuencia nos muestra una crisis en valores éticos y morales de la sociedad. Expresiones como la corrupción en instituciones del Estado, el secuestro, el robo de automóviles, nos llevan a pensar en la necesidad de construir valores e involucrar otros tales como la ciudadanía, que den sentido a la vida y nos posibiliten la convivencia pacífica en nuestra sociedad.

En los últimos años el Estado Colombiano ha enfatizado en el conflicto armado interno, perdiendo de vista la importancia y el trato que debe dársele a las múltiples expresiones cotidianas de violencia: delincuencia común; la seguridad del ciudadano/a no es una prioridad del Estado, cada vez mas se invierte de manera individual en seguridad; nos hemos convertido en prisioneros/as en nuestras ciudades.

El Estado en su sistema jurisdiccional a pesar de su modernización no disminuye los niveles de impunidad que hace mas de una década están en el 95%.

De otro lado la delincuencia se ha complejizado y aumentado generando un desborde en el sistema judicial y penitenciario apareciendo sistemas de limpieza que permean el sistema de seguridad del Estado legitimando de esta manera la limpieza social.

Una problemática compleja y en aumento es la juvenil a la que el Estado ha respondido con represión y con ello la perdida de la confianza de la ciudadanía en la policía por considerarla un factor de conflicto.

Uno de los delitos que se ha incrementado es contra la vida y la integridad personal, en especial los homicidios, fenómeno no solo de las grandes ciudades sino también de las intermedias.

De las Cárceles

Las cárceles del país tienen cupo para 30.000 y la cifra de internos es de 49.667. El Estado es responsable por la defensa y protección de los derechos de la población carcelaria y en especial las instituciones encargadas de las cárceles.

Ante una situación como la que se presenta en las cárceles, quienes están pagando condenas no pueden ser re-socializados como se supone es el objetivo al condenárseles con la privación de la libertad.

Situación mas compleja padecen quienes están privados de la libertad y aún no han recibido condena; así mas tarde se les dictamine inocencia.

¿Cuáles pueden ser nuestros retos?

Para efectos del análisis hacia el futuro, hacia las propuestas, tal como lo precisa Camacho, el concepto con el que se debe asociar la seguridad ciudadana es el de calidad de vida, que implica prevención y control de la violencia y de la delincuencia pero también convivencia y civilidad en condiciones decorosas.

En este orden de ideas, los temas de intervención de las políticas en seguridad ciudadana deben estar relacionadas al menos con los siguientes tres ámbitos, los factores de riesgo no intencional e intencional, delincuencia y violencia organizada.

La violencia urbana es compleja, difusa y concentra en un mismo espacio conflictos económicos, sociales, políticos, culturales e ideológicos que se desenvuelven en un mismo espacio. Por lo tanto es necesario diferenciar políticas orientadas a cada una de ellas.

Factores de riesgo no intencional

• La vivienda, además de su calidad y unos mínimos dignos de espacio construido, el estado debe velar por prevenir y no sólo intervenir ante los frecuentes deslizamientos de tierra, inundaciones, contaminación del agua y el ambiente, incendios y los riesgos sísmicos.
• La Seguridad laboral, el Estado debe garantizar no sólo la previsión social sino la prevención de los riesgos derivados del trabajo sobre todo no calificados que pueden causar lesiones o la muerte.
• El Espacio público urbano, propiciado por el Estado como medio colectivo para erigir elementos de identidad y construcción de ciudadanía, de recreación social dentro del respeto por los demás, donde se expresa la diversidad, se produce el intercambio y se aprende la tolerancia. La calidad, la multiplicación y la accesibilidad de los espacios públicos definirán en buena medida el progreso de la ciudadanía.
• La pobreza y la desigualdad social. Pobreza asociada con deficiencias en la calidad de vida que se traducen en probabilidades mayores de inseguridad, violencia y delincuencia siendo los pobres víctimas de esta situación. La falta de equidad social asociada con los sentidos de injusticia que prosperan entre diferentes sectores sociales, donde los pobres no se han beneficiado de la seguridad ciudadana y personal, han sido excluidos del manejo de las cuestiones públicas y discriminados en el ejercicio de la justicia, bien puede desencadenar hechos de delincuencia y violencia.

Así cualquier esfuerzo encaminado a aliviar la pobreza es prioritario para hablar de mejoramiento de la calidad de vida y de la seguridad ciudadana.

La civilidad como proyecto de ciudad, asociada a la vinculación de cambios objetivos en las condiciones sociales de sus habitantes y las percepciones subjetivas que estos puedan tener de las relaciones sociales, el aprendizaje colectivo y de las pautas de civilidad.

Es preciso plantear múltiples miradas en relación con lo que ha de ser la dimensión cultural de las nuevas prácticas urbanas, las nuevas formas de segregación, el comportamiento de la dimensión territorial de las violencias, la construcción de la historia de las ciudades y las regiones, la articulación en el territorio de las nuevas formas de producción y regulación de la ciudad, la redefinición de los agentes sociales en la construcción y consolidación de ésta y de la sociedad.

Factores de riesgo intencionales

• Violencia intrafamiliar, fortalecimiento de las redes sociales comunitarias y vecinales en prevención y denuncia de este tipo de problemas que le permitan a las partes proceder con soluciones internas o apelar a instancias estatales como casa de justicia o comisarias de familia.
• Violencia juvenil, diferenciar la criminalidad de la organización juvenil, por lo general no convencional, y propiciar espacios de socialización del trabajo, la cultura y la política respetando las percepciones valorativas de los jóvenes. Incluir los aspectos relacionados con el suicidio, posibilitar algún tipo de atención –consejería- desde las administraciones públicas.
• Violencia ejecutada por agentes del Estado, en flagrante violación de los derechos humanos, precisa una reforma sobre todo de la institución de la policía que tiene por función la garantía y protección de los derechos del ciudadano, para que pueda perseguir el delito, intervenir en los conflictos cotidianos de las personas y propugnar por salidas pacificas y la protección de los derechos humanos.

Delincuencia organizada

Las dos modalidades más relevantes son: i) el narcotráfico, la intervención debe privilegiar el la acción de los organismos de inteligencia policial para desmantelar esta actividad delictiva y sus alcances de corrupción de los poderes institucionales de la sociedad y el Estado. ii) las redes de delincuencia, que atentan contra el patrimonio económico como poderosas organizaciones del crimen que no actúan desde la pobreza. La intervención debe ir en el mismo sentido que contra le narcotráfico pero teniendo en cuenta las especificidades delictivas, locales y geográficas.

Violencia organizada

Los grupos armados políticos, así sus manifestaciones sean acciones militares puntuales –aún terroristas- y algún tipo de control armado de ciertos espacios urbanos en la periferia muestran su interés político y militar por las ciudades. Por lo tanto es preciso pensar la ciudad como espacio de negociación - con el reconocimiento de la capacidad de representar intereses de la ciudad- y reinserción de estos grupos.

Otros escenarios

Es preciso complementar este tipo de políticas con aspectos puntuales pero coadyuvantes de la violencia urbana como :

• Control y desestímulo al consumo de alcohol, sustancias sicotrópicas y porte de armas.
• Promoción y conformación de veedurías ciudadanas contra la corrupción estatal y a favor de la transparencia en el manejo de las actividades públicas.
• Descriminalización de la protesta social, reconocimiento de las manifestaciones colectivas motivadas por injusticias económicas, políticas, sociales o simbólicas, dándoles un tratamiento democrático y reconociendo sus actores, motivaciones y alternativas de solución de los conflictos.

Promover alternativas ciudadanas al tratamiento de la violencia y la delincuencia, sin dar paso a la conformación de organizaciones de justicia privada.