Santafé de Bogotá, abril 27 de 2.0000

Con asombro y desconcierto e impotencia recibió la población colombiana la expedición por parte del Secretariado de las FARC la ley 002 de Tributación donde se establece un impuesto de guerra a las personas que tengan más de un millón de dólares de capital. La Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz rechaza de la manera más enérgica esta pretensión de cobrar impuestos para continuar la guerra.

Asistimos en Colombia a una situación ambigua por parte de los diferentes actores armados; públicamente manifiestas su deseo de "defender a la población civil": los grupos insurgentes nos quieren "defender" de las siniestras causas del capitalismo y su versión más reciente el neoliberalismo. Los grupos paramilitares pretenden "defendernos" del comunismo, el secuestro, el boleteo y la extorsión. Las Fuerzas Armadas afirman "defendernos" de la violencia irracional de los dos anteriores, sin embargo las cifras de muerte s ocasionadas a la población civil por parte de todos los actores armados, evidencian una realidad contundente; los diferentes grupos enfrentados en el conflicto armado colombiano, han sacrificado de manera sistemática aquello que afirman "defender": a la población civil.

De otra parte, su deseo de buscar salidas políticas al conflicto se contradice con su actividad, cada vez más evidente de consolidar su capacidad militar que les permita mantener, escalar y de ser posible, ganar la guerra.

Las formas de financiación de la guerra por parte de los grupos guerrilleros y los paramilitares son fruto de diferentes actividades, algunas de una crueldad extrema como el secuestro, la desaparición forzada, las masacres y los ataques indiscriminados sobre la población civil. De igual manera el Gobierno gasta un peso por cada 5 que recibe de impuestos a la guerra, sin contar con los dineros que llegarán del llamado Plan Colombia.

Nuestros supuestos "defensores" no han tenido ningún reparo en convertirnos en objeto de sus ataques, por esta razón la población civil colombiana nos declaramos en mayoría de edad, esto significa que no necesitamos el tutelaje de ningún grupo para que asuma la defensa de nuestros legítimos intereses.

En consecuencia rechazamos cualquier medio que se utilice para financiar esta guerra que no compartimos, no queremos y nunca pedimos. Nos manifestamos en su contra porque atenta de manera directa contra nuestra conciencia.

Por estas razones proponemos no apoyar moral, espiritual, física ni económicamente a ninguno de los actores armados que de manera ciega continúan empeñados en esta guerra.

Tomando como argumento jurídico para esta decisión el artículo 18 de la Constitución Política de Colombia que dice: Se garantiza la libertad de conciencia. Nadie puede ser molestado por razón de sus convicciones o creencias ni compelido a revelarlas ni obligado a actuar contra su conciencia". Proclamamos: Ni un hombre ni una mujer, ni un peso más para financiar esta guerra!.