La Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz, pone en conocimiento a la opinión pública su posición con respecto de la ocupación pacífica de las instalaciones de la sede del Comité Internacional de la Cruz Roja Internacional, CICR, por parte de 250 familias de desplazados por la violencia, a 150 días de haberse iniciado el hecho. En este sentido manifestamos lo siguiente:

1. Hacemos un llamado urgente para que se inicie lo antes posible, la etapa definitiva en la solución de esta problemática, porque no es justo que el Gobierno Nacional en cabeza del director de la Red de Solidaridad Social, haya cerrado todos los canales del dialogo y negociación con los interlocutores de la ocupación.

1. Denunciamos la actitud de la Policía Nacional que el día 15 de mayo a las 5:00 pm, impidió de forma violenta y desproporcionada el reingreso de varias personas a las instalaciones del CICR, pese a que se identificaron debidamente ante las autoridades demostrando que hacen parte del grupo de desplazados que desde hace 5 meses permanecen en dicha sede. La actitud de la Policía tuvo como resultado 15 adultos seriamente lesionados y 31 niños en delicado estado de salud, a causa de los gases lacrimógenos.
2. Son preocupantes las continuas amenazas de que han sido objeto los líderes , voceros de los desplazados. Algunas de éstas realizadas por personal de la Policía y han sido denunciadas ante la Personería Distrital. Por ello, solicitamos que se investiguen debidamente estas informaciones y se tomen las medidas pertinentes.
3. Reiteramos nuestro apoyo a una salida negociada a esta situación y rechazamos las soluciones de fuerza que se han hecho evidentes a partir de los hechos del 15 de mayo. Los voceros de los ocupantes han reiterado su voluntad de dialogo en un clima de transparencia y voluntad política de ambas partes.
4. Estamos en total desacuerdo con la actitud de la Red de Solidaridad Social de ofrecer por medio de cartas individuales, ayudas humanitarias condicionales y diferenciales a los desplazados con el propósito de transarlos y evitar un acuerdo que beneficie a todos. Recordamos que según los tratados internacionales y las leyes nacionales la ayuda humanitaria no puede estar condicionada a otra circunstancia que la condición de extrema necesidad del beneficiario.
5. Reiteramos el llamado para que los términos del preacuerdo firmado el 14 de enero del presente entre los voceros de los ocupantes y el Gobierno Nacional sean cumplidos en su totalidad, ya que a la fecha sólo se ha avanzado en algunos aspectos.
6. Solicitamos al Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR, reanudar sus gestiones y buenos oficios para la solución pronta y pacífica de estos hechos. Reconocemos los esfuerzos realizados por la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la Iglesia y la personería en buscar canales de diálogo, pero les pedimos que soliciten al Gobierno Nacional el cumplimiento de la ley 387.
7. Sería un gesto de voluntad política si el Gobierno Nacional solicita al Congreso de la República que a través de un mensaje de urgencia, se reglamente la ley 387 sobre desplazamiento forzado. Las organizaciones sociales y de derechos humanos estamos dispuestos a cooperar en este sentido.
8. Los voceros de las familias ocupantes solicitan a los diferentes actores del conflicto armado la firma de acuerdos humanitarios de aplicación inmediata para prevenir, respetar, facilitar las acciones humanitarias y brindar plenas garantías para el retorno de las comunidades desplazadas como una posibilidad para evitar que estas comunidades, en situación desesperada, realicen acciones como la que se está viviendo, en las instalaciones de la sede del CICR.

Si el Gobierno Nacional no tiene la voluntad política para solucionar esta situación, solicitamos a la Comunidad Internacional sensible al tema de derechos humanos, que ofrezcan asilo masivo a las 250 familias que están viviendo en penosa situación.