Informe de la Alta Comisionada de la ONU sobre los derechos humanos:
GOBIERNO DEBE ASUMIRLO COMO UN APORTE CRITICO
Y NO COMO UN ATAQUE EN SU CONTRA
Bogotá, D.C. marzo 22 de 2001. Es mandato Constitucional del Estado la promoción,
defensa y protección de los derechos humanos y el cumplimiento de los convenios, tratados
y convenciones en materia de derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario, como
lo ha manifestado en reiteradas ocasiones la Corte Constitucional. Por este motivo es una
obligación del Estado colombiano de poner en práctica las recomendaciones que en esta
materia se realicen por parte de organismos nacionales e internacionales, como en el caso
de la Organización de las Naciones Unidas.
Reconocemos las acciones que ha venido realizando el Gobierno en materia de derechos
humanos, pero ante la evidente crisis humanitaria que se presenta en el país, estos
esfuerzos aún siguen siendo insuficientes. Por ello, es necesario hacer prácticas las
políticas existentes que conlleven a una plena garantía y vigencia de los derechos
humanos.
La Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz, solicita al Gobierno del
presidente Andrés Pastrana a acatar plenamente las recomendaciones del reciente informe de
la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, como
parte de su política de derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario. Esto
facilitará un acercamiento mayor entre el estado colombiano y la Oficina del Alto
Comisionado de las ONU y hará que las violaciones contra la población disminuyan o no se
vuelvan a presentar.
Consideramos que el informe de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, no
debe ser tomado por el Gobierno colombiano como una crítica destructiva a las acciones que
en esta materia viene adelantando, sino como un aporte para corregir y avanzar en la
garantía de la plena vigencia de los derechos humanos y del DIH.
La Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz ha denunciado y continuaremos
denunciando de manera clara y contundente las violaciones a los derechos humanos y las
graves infracciones al DIH cometidas por todos los actores del conflicto armado a quienes
exigimos el pleno respeto por la población civil.
Proponemos que se de todo el respaldo político y financiero para que se garantice la
continuidad y el funcionamiento en Colombia de la Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
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