LA SEGURIDAD Y LA DEFENSA NO PUEDEN SER SINONIMOS DE IMPUNIDAD Y ABUSO POR PARTE DE LA FUERZA PÚBLICA

Bogotá, abril 16 de 2001

La Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz hace un URGENTE llamado a todo el país que se RECHACE de la manera más enfática el proyecto de ley sobre la Seguridad y la Defensa Nacional presentado y defendido por los senadores Enrique Gómez y Germán Vargas Lleras, que ya fue aprobado en dos de los cuatro debates en el Senado y la Cámara.

El citado proyecto exime de antemano a los miembros de la Fuerza Pública de todo tipo de responsabilidad en sus actuaciones, ya que como dice el texto "se entiende que los miembros de la Fuerza Pública actúan en cumplimiento de un deber legal, el cual constituye eximente de responsabilidad penal y disciplinaria".

La impunidad es una de las causas de violaciones a los derechos humanos, ya que la falta de persecución y castigo a los culpables de estas acciones, debilita la convicción común de este tipo de conductas constituyen delitos graves. La impunidad genera más violencia porque ante la falta de eficacia del estado, las víctimas buscan caminos a la justicia privada y la venganza. La impunidad niega el derecho que tiene las comunidades y los pueblos a conocer la verdad. La impunidad también es un obstáculo hacia la paz.

La detención preventiva sin orden judicial es revivida en el citado proyecto, violando el derecho que tiene toda persona a ser llevada sin demora ante el juez. Y como lo advirtió el senador Orduz este precepto puede facilitar la comisión y ocultamente de delitos de tortura y la desaparición forzada de personas.

La Asamblea hace un llamado al Congreso de la república a asumir el liderazgo responsable de la paz y la lucha contra la impunidad y rechace todo proyecto de ley que viole de manera flagrante los derechos humanos.

La Asamblea Permanente por la Paz hace un llamado de atención al Congreso para que acepte de manera inmediata, las recomendaciones de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ya que entre sus competencias, aceptada por el Gobierno colombiano esta la de asesorar al congreso en materia de derechos humanos.