TERRORISMO PARAMILITAR CONTRA SINDICALISTAS

Bogotá, diciembre 4 de 2001. La Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz, se une a las expresiones de rechazo y de dolor por el asesinato de Aury Sará Marrugo, dirigiente regional de la Unión Sindical Obrera, USO, perpetrado hoy en horas de la mañana a manos de paramilitares en el departamento de Bolívar.

El asesinato de Sará Marrugo y de su escolta Enrrique Arellano constituye una acto de terrorismo por parte de los paramilitares, dada la amenaza pública que de forma expresa Carlos Castaño Gil hizo sobre la vida e integridad del sindicalista, quien durante seis días padeció la angustia propia de no saber cual sería la decisión de sus verdugos.

Dado que la vida y la muerte no pueden ser una decisión de nadie, la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz, rechaza, en particular, la humillante condición a la que los paramilitares sometieron a estas dos nuevas víctimas de una guerra sucia en la que Castaño parece estar decidiendo por su cuenta quién tiene derecho a la vida en Colombia y quién no.

La Asamblea Permanente por la Paz rechaza y denuncia también, la forma indolente con que el Gobierno y la sociedad actuaron frente a este caso. En especial, la manera en que el Presidente Pastrana se desentendió de todo esfuerzo humanitario por obtener la liberación de Sará Marrugo y de su escolta.

La Asamblea por la Paz le recuerda al país que en episodios similares, como el secuestro de los siete parlamentarios en noviembre de 2000 -entre ellos el de la expresidenta de la Comisión de Paz de la Cámara, Zulema Jattin- la administración Pastrana, en cabeza de su entonces ministro del Interior, delegatario con funciones presidenciales, Humberto de la Calle, no escatimó esfuerzos para buscar la liberación de los congresistas, llegando incluso a entrevistarse con el propio Castaño y poner en crisis el proceso de paz.

La Asamblea por la Paz, comparte, así el sentimiento de frustración expresado por el Sindicato de la USO que tras calificar de mezquina y pasiva la actuación del Gobierno considera que la administración Pastrana contribuyó de esta forma al trágico desenlace del sindicalista.

La Asamblea, al considerar que no pueden existir ciudadanos de primera y segunda categoría, hace un llamado al país y al mundo para que ejerzamos todos los mecanismos de presión que sean necesarios para evitar que este crimen quede en la impunidad como tantos otros de defensores de derechos humanos, sindicalistas, periodistas y todas las personas desarmadas que han sido vìctimas de los diferentes actores armados.

Finalmente, la Asamblea se solidariza con los trabajadores colombianos y hace un llamado para aunar esfuerzos que permitan garantizar en Colombia la libertad sindical y los derechos de asociación y protesta.