Gobierno y FARC responsables por ruptura del proceso
Bogotá, febrero 21 de 2002 La Asamblea Permanente de la
Sociedad Civil por la Paz, ve con preocupación la ruptura
del proceso de paz, adoptada por el Presidente de la
República y exige a los actores en conflicto que respeten
las normas del Derecho Internacional Humanitario que
protegen a la población civil. Rechazamos los hechos
sucedidos éste martes protagonizados por las FARC, pero
nos parece apresurada la decisión del Gobierno cuando se
había avanzado en las propuestas de cese al fuego y
hostilidades.
Tanto el Gobierno como las Farc son responsables de la
ruptura del proceso, porque ninguno le dijo al país hasta
donde estaban dispuestos a negociar para llegar a un
acuerdo que permitiera dirigir el país hacia una paz
duradera. En los tres años del proceso no hubo ningún
avance sobre los temas fundamentales de la agenda, como
empleo, pobreza, educación y salud, que afectan
directamente a la ciudadanía. Por el contrario la mesa de
diálogo y negociación se concentró en temas de forma,
especialmente la continuación o no de la zona de despeje,
y no de fondo terminando por desgastar el proceso.
Vemos con preocupación que ante los ímpetus belicistas y
la aplicación de la ley de seguridad nacional se
restrinjan las libertades políticas, la movilización
ciudadana, el libre derecho de asociación y encubrir las
violaciones de los derechos humanos por parte de las
Fuerzas Militares y organismos de seguridad del Estado.
La Asamblea reitera su postura a favor de que las partes
cumplan el mandato constitucional estipulado en el
articulo 22 que dice que la paz es un derecho y un deber
de cumplimiento. Esta dura realidad debemos tomarla como
una oportunidad para evaluar los errores y aciertos de
este proceso, y en seguir impulsando la solución política,
como la mejor salida. Hacemos un llamado al país a
manifestarse de todas las formas posibles en resistencia
civil contra la guerra, pues ésta solo deja destrucción
social, más pobreza, dolor y muerte.
Hacemos un llamado a las Naciones Unidas, a los países
amigos del proceso y a la sociedad civil de otros países,
para que incrementen su apoyo a la solución política del
conflicto colombiano y sean veedores del cumplimiento al
DIH y el respeto a los Derechos Humanos. Rechazamos
cualquier tipo de intervención internacional que agravaría
mucho más la actual situación. Seguiremos manifestándonos
en desacuerdo con el Plan Colombia, cuyo apoyo militar
aleja la búsqueda de una solución política al conflicto
colombiano.
Rechazamos los bombardeos indiscriminados que dejan como
víctimas a la población civil y ya están generado
desplazamientos forzados en los municipios de la zona
despeje, dejándolos sin ninguna protección y poniendo en
riesgo sus vidas. Para ellos solicitamos protección
inmediata del Estado y de la Oficina de la Alta
Comisionada de las Naciones Unidas.
apermanente@unete.com
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