Número 2

Junio-Julio de 2000

El Plan Clinton

Mientras haya un ladrillo se puede reconstruir el muro, dijo el poeta.

El 14 de julio, el presidente Clinton debió suspender las urgentes actividades que lo ocupaban para acudir presuroso a la Casa Blanca a firmar la ley que aprobaba la ayuda militar para Colombia. De no haber firmado este día, se habría perdido un esfuerzo de meses. Acaso sea esta una de las manifestaciones a que nos tienen acostumbrados los presidentes estadounidenses en los meses previos a las elecciones, cuando reafirman, para satisfacción de la tribuna, la voluntad de dominio de su nación al tiempo que aseguran el apoyo de las grandes compañías patrocinadoras de la política.

Fue el caso de United Technologies de Connecticut que fabrica los Blackhawk y de la tejana Textron productora de los Bell Huey que, según la revista Newsweek, dieron entre 1997 y 1999, $1.25 millones de dólares a los dos partidos norteamericanos. A propósito de estas compañías se preguntaba la mencionada revista si el plan Colombia era una política elegante, una política sucia, un buen negocio o un costoso error. Su generosidad quebró tradiciones meritorias de lucha por la paz y los derechos humanos, como es el caso del senador de Conneticut, Christopher Dodd.

El paquete de ayuda solicitada por el presidente Clinton fue discutido por la Cámara en el mes de marzo. El debate apenas duró dos días. Se preguntaban los representantes si esta era la mejor manera de combatir el problema de las drogas en EE.UU. Hay estudios que demuestran que es más efectivo invertir en prevención y tratamiento de drogadictos que en erradicar cultivos o interferir el tráfico. Se cuestionaban si Colombia iba a ser otro Vietnam y si esta vez EE.UU. se estaba involucrando en una guerra sin fin y poco clara. Otra preocupación fuerte era si el paquete iría a empeorar la crisis de derechos humanos, al tiempo que se discutía el vinculo militares/paramilitares. Por último, se pedía información sobre el aporte europeo y el de la misma Colombia.

En definitiva, el último día de marzo se aprobó el texto presentado por la Casa Blanca con ligeras variaciones con algunas condiciones en materia de derechos humanos, aunque débiles. Por ejemplo se solicitó incluir a las Autodefensas en la lista de los grupos terroristas y agregó un leve incremento en la ayuda para desplazados.

El debate en el Senado fue más exigente. Algunos llegamos a pensar sin fundamento que allí se hundiría el Plan Colombia en medio de las tácticas filibusteras de los avezados congresistas norteamericanos. Se destacó el senador por Minnesota, Paul Wellstone, quien enfatizó los problemas de derechos humanos, la liga de la fuerza pública con el paramilitarismo, apoyado en documentos de organizaciones internacionales de derechos humanos y en la declaración producida por organizaciones colombianas el 31 de mayo.

Sin embargo, ninguna enmienda prosperó y cuando votó el Senado el 21 de junio, una abrumadora mayoría aprobó el paquete de ayuda para Colombia solo que con condiciones mucho más exigentes en materia de derechos humanos que las de la Cámara. El Senado norteamericano exigía un amplio monitoreo y control sobre los esfuerzos del gobierno en la lucha contra los paramilitares, la protección efectiva de los defensores de derechos humanos y colaboración de los militares en las investigaciones de violaciones de derechos humanos.

El paquete quedaba ahora por cuenta de la Comisión de Conciliación, que debía armonizar las diferencias entre uno y otro cuerpo legislativo antes de pasar el texto de la ley a la sanción presidencial. Tal Comisión rebajó los condicionantes senatoriales al tiempo que otorgó facultades, casi discrecionales, para que el presidente de los EE.UU. aumentara hasta 500 militares y 300 contratistas cuando quiera que lo considerara necesario, al considerar que estaba en juego la seguridad de los Estados Unidos. Este fue el resultado que finalmente sancionó el presidente Clinton.

Se había perdido la primera batalla de un proceso que seguramente será largo y difícil. La coyuntura no era la más propicia para obtener resultados favorables. La verdad era que las organizaciones colombianas habían llegado tarde y sin mayor experiencia al lobby parlamentario para neutralizar la ayuda militar. La opinión norteamericana no estaba sensibilizada y todavía hoy puede apreciársela ajena a las implicaciones de esta ayuda El gobierno colombiano cantó victoria. La pelea contra el Plan Colombia se tornaba más difícil porque el trámite por el Congreso demostraba que el presidente Clinton se había comprometido con el plan como con cosa propia.

Pero no hay para qué abatirse, pues ya dijo Miguel Hernández que mientras haya un ladrillo se puede reconstruir el muro. Ahora el asunto es apelar a la des(?)certificación de Colombia en materia de derechos humanos como el recurso que puede frenar la ejecución del paquete militar. Terreno en el que es demostrable que no habido corrección ni mejora algunas.