Retorno, empleo digno y derechos humanos para las mujeres desplazadas
Autoras:
Mujeres de la Coordinación Nacional de Desplazados.
Sobre las causas
El desplazamiento forzado ha estado presente en nuestra historia y, de manera especial, en momentos de agudización de la violencia política, la represión estatal y en general de recrudecimiento de las violaciones a los derechos humanos. En este sentido es consecuencia directa del conflicto social, político, económico y armado que vive el país.
Casi siempre las personas o comunidades desplazadas también hemos sido víctimas de otras violaciones a los derechos fundamentales como la persecución política, torturas, desapariciones o asesinatos de familiares y allegados, lo que completa el panorama dramático de esta situación. Sin embargo estos crímenes están en la completa impunidad.
El desplazamiento se produce por conflictos regionales y políticos relacionados directamente con las modalidades de represión estatal y paraestatal y los intereses socioeconómicos del modelo económico en nuestro país. Ejemplos de ello son:
La estrategia de guerra contrainsurgente por parte del estado, en la cual no se confronta directamente a los actores armados sino a la población que vive en zonas de influencia de la guerrilla, ha provocado oleadas de desplazados casi siempre después de sucedidos hechos de terror y crímenes de lesa humanidad (desapariciones, torturas o masacres) contra líderes o pobladores de regiones como el Urabá chocoano y antioqueño, los departamentos de Meta, Córdoba, Sucre, Norte de Santander, Sur de Bolívar y el Magdalena Medio, entre otros.
La ofensiva por medio de violaciones de derechos humanos por intereses económicos como las masacres producidas en Trujillo, los bombardeos del Bajo Atrato en el Chocó, la presión para que desalojen su territorio los pueblos Uwa y Emberá Katios, entre otros.
La expansión del paramilitarismo que genera desplazamientos masivos, apoya el proceso de relatifundización con la concentración de propiedad de la tierra en manos de narcotraficantes y de los mismos líderes paramilitares.
En este sentido el campesinado, las comunidades negras y los indígenas enfrentamos no solo la vía terrateniente y del narcotráfico, sino también al gran capital multinacional y sus Megaproyectos y todas ellas son expresiones del modelo económico neoliberal.
Sobre las consecuencias
La hora del rompimiento definitivo con la Economía campesina parece haber llegado: así lo atestigua el millón y medio de desplazados; no sólo hay desplazados porque hay guerra, también hay guerra para que haya desplazados. La ruptura de los tejidos sociales y económicos, familiares, de identidad cultural, es la resultante de comunidades enteras que hoy se ven abocadas a vagar como parias en su mismo país. La reducción de una vocación campesina del país, tantas veces alabada, no solo se da por la desindustrialización del campo, sino fundamentalmente por la aniquilación de la economía campesina, que aún hoy carga sobre sus hombros la responsabilidad en materia de política alimentaria. En el completo abandono y sin posibilidades de reconstruir a corto plazo sus tejidos, sus vínculos sociales, sus economías, los desplazados y desplazadas hemos quedado en manos de la asistencia pura, hoy llamada atención humanitaria, que contribuye a agravar más la situación que a solucionarla. La desarticulación del tejido organizativo y social es uno de los objetivos perseguidos en esta lucha desigual y se ha logrado parcialmente mediante el desmonte del conjunto de reivindicaciones que hasta entonces se venían realizando desde estas mismas organizaciones.
Situación de las mujeres
Para nosotras las mujeres el desplazamiento ha sido particularmente traumático, porque en la mayoría de los casos hemos sido las sobrevivientes de masacres y violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Quedando viudas con la responsabilidad del hogar enfrentando un mundo muy diferente para el cual no estamos preparadas. La inmensa mayoría somos mujeres cabezas de hogar con niños pequeños.
Si el orden político y social no reconoce a "la mujer como ser autónomo y productivo, con derechos propios, y por el contrario es más subordinada que el trabajador en la sociedad capitalista", en el caso de la mujer desplazada se acentúa más esta problemática. La actitud de la sociedad en su conjunto es de irrespeto, de abuso de nuestra condición pagándonos menos salarios y los trabajos a los que tenemos acceso son marginales. Las mujeres desplazadas y nuestras familias, viviendo en barrios subnormales hemos experimentado una profunda caída en la calidad de vida, con una aguda pobreza siendo las más parias entre los pobres. El desempleo y la falta de recursos económicos son los principales problemas de las viudas y las jefas de hogar.
Las políticas oficiales se han quedado en el papel y sólo se han promovido formas de desempleo disfrazado como el programa de la Red de Solidaridad "Voceros sobre ruedas" que consistía en que los desplazados vendieran periódicos en los buses. La mayoría de estos vendedores eran mujeres. Por el incumplimiento de leyes, políticas y principios rectores frente al desplazamiento y las violaciones a los acuerdos pactados por el Gobierno, como en el caso del Exodo del Magdalena Medio y las marchas campesinas del Cauca, y del Putumayo, las comunidades desplazadas se ven abocadas a realizar acciones de hecho como las ocupaciones de la ACNUR, el Min. Interior, las instalaciones del Comité Internacional de la Cruz Roja Min. Ambiente, etc.
En el caso de la ocupación del CICR la situación de las mujeres ha sido particularmente dramática. Durante seis meses con cerca de 120 niños no hemos logrado que el gobierno atienda las reclamaciones para que sean garantizados nuestros derechos fundamentales. Por el contrario hemos sufrido los atropellos de la fuerza pública al momento de llevar los hijos al colegio. Sin empleo, sin atención médica adecuada y digna, se han presentado varios abortos por desnutrición y partos en condiciones infrahumanas. A pesar del fallo a favor de una tutela para cupos de colegios para los niños, el gobierno no la ha cumplido. Además ha violado los acuerdos de asistencia humanitaria a las familias y las condiciones de insalubridad, que según informe de la secretaría de salud, significan un alto riesgo de epidemias para la comunidad. El desgaste físico y moral a que están sometidas las mujeres embarazadas y con varios hijos a su cargo se ha visto empeorada porque a muchas de ellas se les viene negando su derecho de registro nacional (certificación) cuando según los funcionarios encargados, no hay pruebas de amenazas directas.
La situación de la certificación para las mujeres desplazadas en general ha sido un instrumento de discriminación que puede llegar a ser fatal como en el caso de la estudiante Mariliz de la Ossa, de la universidad de Córdoba, que con cinco meses de embarazo llegó a Bogotá como desplazada por amenazas contra su vida y se le negó el derecho a ser registrada por lo que tuvo que volver a Montería siendo asesinada en mayo de este año.
Perspectivas y propuestas:
Para lograr la paz es indispensable el desmonte de la política de exterminio a la economía campesina, a las comunidades indígenas y afrocolombianas impuesta para favorecer los intereses de los terratenientes, las multinacionales y el narcotráfico.
Las viudas y los huérfanos exigimos igualmente que cese la impunidad. Verdad, justicia y reparación para las víctimas del terror. El desplazamiento forzado es un crimen de lesa humanidad y como tal deberá, en el futuro ser penalizado nacional e internacionalmente. Mientras tanto, proponemos organizar un Tribunal Internacional de Opinión.
Exigimos el inmediato cumplimiento de las políticas estatales de atención a la población desplazada que plantean priorizar la promoción de las mujeres cabezas de hogar mediante "programas de estabilización socioeconómica, acceso de vivienda y servicios básicos", así como la educación a sus hijos.
Exigimos el inmediato cumplimiento de los acuerdos pactado por el gobierno con los campesinos del Exodo del Magdalena Medio, el Cauca y el Putumayo y protección efectiva para la vida de sus dirigentes perseguidos por la barbarie paramilitar.
Requerimos condiciones dignas y seguras para regresar al campo o para iniciar en las ciudades una vida que nos permita aportar lo mejor de nosotras para la reconstrucción del tejido social. Igualmente para las mujeres amenazadas que como en el caso de Aída Abella y Osiris Bayter tuvieron que abandonar el país.
En conclusión, retorno, empleo digno y derechos humanos para las mujeres desplazadas son condiciones indispensables en el logro de la paz que anhelamos los colombianos y colombianas.
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