Primer Plenario

Bogotá 30 y 31 de julio de 1998

Declaracion Inicial

Delegados y de delegadas de los diversos sectores sociales, regiones y de 20 departamentos, reunidos en Bogotá los días 30 y 31 de julio de 1998, en un momento histórico de transición al nuevo milenio y enfrentados al reto de construir una paz justa y duradera, nos hemos constituido en Asamblea Permanente por la Paz.

Esta Asamblea es un proceso orientado a fortalecer el movimientos social y las expresiones de poder ciudadano por la paz, en el que convergen diversos sectores de sociedad en el propósito común de contribuir a la definición de contenidos e instrumentos de un acuerdo nacional para construir la Paz con justicia social. Es democrática, autónoma, participativa, amplia, pluralista y en continúa construcción en lo nacional, regional, local y sectorial.

La Paz es obra de la justicia social y exige la adopción de un orden en que los hombres y las mujeres puedan realizarse como tales, en que su vida y su dignidad sean respetadas, sus legítimas aspiraciones satisfechas, su acceso a la verdad, a la reparación y su libertad personal garantizadas; exige también el respeto y la promoción de los derechos humanos en la instauración de un modelo de desarrollo económico y social que haga posible la equitativa distribución de las riquezas, del saber y del poder, y la democracia de participación y de solidaridad. La Paz es un derecho irrenunciable y un deber ineludible, que debe ser construida por todos y por todas, construcción colectiva en la cual la sociedad civil en toda su diversidad, está llamada a ser la principal protagonista.

Como reacción a la multiplicidad de violencias que amenazan la vida, la integridad física o los bienes en todas las esferas de la sociedad, y como resultado de la confluencia de muchos esfuerzos y circunstancias se está abriendo una oportunidad excepcional para la Paz. Hoy existe un movimiento ciudadano por la Paz, el Presidente electo se ha comprometido a iniciar negociaciones de Paz con la insurgencia, los sectores armados han expresado su voluntad de comprometerse en un proceso de negociación y la comunidad internacional ha manifestado su disposición para contribuir de manera activa en la solución negociada del conflicto y en la construcción de las bases económicas de la Paz.

Esta asamblea propicia la coordinación e integración de los diferentes movimientos por la Paz, defiende el cumplimientos del Mandato Ciudadano contenido en el voto por la Paz, la Vida y la Libertad y respalda las iniciativas en curso para desarrollar diálogos con los actores armados, En particular, respalda el acuerdo de puerta del cielo y se compromete con la realización de la Convención Nacional y los foros regionales y sectoriales, el despeje de los cinco municipios para adelantar los diálogos entre las sociedad civil, las FARC, el Gobierno. La Asamblea saluda y convoca la presencia solidaria de la comunidad internacional en el proceso de construcción de la Paz, con el respeto de nuestra soberanía.

Las positivas expectativas de Paz generadas por estas nuevas condiciones obligan a reafirmar aspectos básicos que contribuirán a crear un ambiente de confianza entre los protagonistas del conflicto y entre estos y la sociedad civil, así como fortalecer la participación de la sociedad en una futura negociación: Aparte del compromiso de poner fin a los asesinatos selectivos, a las masacres, y el respeto a la vida de los combatientes puestos fuera de combate: el rechazo al secuestro, la no realización de bombardeos sobre zonas campesinas: el abstenerse de reclutar menores: derecho a la objeción de conciencia, el respeto a la decisión de las comunidades urbanas o rurales, campesinas e indígenas de no involucrarse en el conflicto armado: el respeto a todas las iniciativas de Paz, sean de orden económico, social o político, y el acatamiento sin condiciones de las normas del derecho internacional humanitario. La Asamblea propone que el establecimiento de estos compromisos sea objeto de los próximos encuentros entre los actores y las representaciones de la sociedad Colombiana, también que se establezcan los mecanismos de verificación de su cumplimiento.

La Asamblea, con base en los aportes de asambleas regionales y locales, de las dinámicas sectoriales e institucionales del debate en las comisiones de esta primera decisión de la Asamblea Nacional, acuerda los siguientes elementos fundamentales para la agenda de Paz:

1. Cambios profundos en los modelos de desarrollo socioeconómico, político, cultural y ambiental, que promuevan el desarrollo integral del ser humano, que conduzcan a la creación de riquezas y la equidad en su distribución, la democratización de la propiedad y garantizar el empleo digno y los derechos económicos, sociales y humanos, tales como los de salud, educación vivienda y seguridad alimentaria, entre otros. Reforma agraria integral que tenga en cuenta la equidad con la mujer campesina, la distribución justa y la función social y ecológica de la propiedad, que garantice financiación, tecnología sostenible, infraestructura y servicios básicos a la población rural, y la organización y participación de pobladores en la erradicación de cultivos ilegales mediante sistemas manuales respetuoso del medio ambiente, y su sustitución mediante el desarrollo de sistemas productivos. Reforma urbana que brinde servicios básicos y articule la población marginada de las ciudades a los beneficios del desarrollo integral, política efectiva de atención a la población afectada por la violencia y en especial a los desplazados y los familiares de las víctimas del conflicto armado.

Este nuevo modelo debe proteger el medio ambiente y la naturaleza, por ello debe revisarse la política petrolera, energética y minera del país, para garantizar la autonomía y sostenibilidad energética y la gestión ambiental, social y cultural, asumiendo los costos reales que implica la prevención mitigación o reparación de los daños de intereses colectivos de las comunidades locales. En toda política estatal y en la organización social, debe respetarse la concepción de equilibrio entre los seres humanos y la naturaleza, que tienen los pueblos indígenas y negros.

2. Reestructuración democrática del régimen político que nos conduzca a la construcción de un estado sin corrupción. Al servicio del bien común, de la colectividad y por sobre todo comprometido con la superación de las exclusiones, de las desigualdades sociales y la pobreza: Estado basado en la participación decisoria de las mayorías nacionales, que posibiliten la reestructuración de las relaciones de poder, el respeto y el reconocimiento de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas. Con un orden público democrático que brinde seguridad, sin impunidad, con unas fuerzas armadas reestructuradas, que tengan como objetivo supremo la defensa de la integridad territorial y la soberanía nacional y una política encargada de la protección de la vida y de los derechos. Estado que brinde espacio para la participación social y política de los hombres y mujeres de este país, descentralizado con respeto por las minorías étnicas, soberano y en el cual funciones un sistema plural de partidos y en el que se ofrezcan garantías a la oposición política. Un estado que garantice la democratización de los medios de comunicación y de la información.
3. Desarrollo del proceso de organización, de acuerdo con lo previsto en la constitución de 1991, que potencie el crecimiento de las regiones y respete la diversidad regional, étnica y cultural.
4. El nuevo orden político debe comprometer tanto al Estado como a la sociedad civil en la construcción de una sociedad en Paz y convivencia, en la creación y puesta en marcha de una pedagogía y una cultura para la resolución pacífica de los conflictos que sea respetuosa de la pluralidad étnica y cultural existente en nuestro país, y que promueve el respeto por el otro y las diferencias de género, étnias y de creencias.
5. Una sociedad y un Estado basados en el respeto, la garantía y la promoción de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Esto exige el cumplimientos estricto de los protocolos de Ginebra, la puesta en práctica y el desarrollo de la propuestas del Mandato Ciudadano y por la Paz, pero sobre todo exige a quienes hacen la guerra el respeto a la población civil y su derecho a nos ser despojada ni desplazada.

Somos decididos partidarios de la negociación política del conflicto social y armado y pedimos que se suscriban acuerdos para la humanización del conflicto, estableciendo claros mecanismos de verificación, tal como lo propone la Comisión de Conciliación Nacional, alternativas que hagan posible cuánto antes los despejes y la puesta en marcha de mecanismos de distensión, tales como el cese al fuego. El propósito fundamental de las normas humanitarias es proteger a los no combatientes y por lo tanto, los actores armados deben diferenciarse de la población civil para permitir la protección de ésta.

Proponemos a los medios de comunicación que su compromiso con la construcción de la Paz se manifieste en abrir sus espacios a las diferentes expresiones de la sociedad, con criterio pluralista y democrático, sin hacerle concesiones a la guerra en aras de captar sintonía o ampliar circulación. Los comunicadores tienen el deber ético de aportar elementos que contribuyan a la comprensión del conflicto y a fomentar valores y actitudes de tolerancia y solidaridad.

Demandamos de la comunidad internacional su participación en mecanismos como la verificación. acompañamientos y otros demandados y aceptados por las partes, así como la creación de fondos y logrados en la negociación política en el marco del respeto por el proceso de negociación interno.

En la promoción de coordinación e integración de las diferentes iniciativas de Paz, la Asamblea se compromete en la realización de diferentes eventos, tales como, La Semana por la Paz del próximo mes de septiembre, la jornada del 26 de octubre y el Encuentro entre Ciudades del 10 de diciembre, como ocasión del aniversarios 50 de la promulgación de la carta de los Derechos Humanos.

Llamamos al Gobierno que se inicia y al Estado en su conjunto a cumplir con su obligación fundamental de respetar y garantizar la vida de todos los ciudadanos y ciudadanas y a luchar contra la impunidad. Se requiere también la plena vigencia de las libertades públicas, del diálogo y de la concertación para favorecer la organización y la expresión de la sociedad civil en la definición de las políticas económicas y sociales que afectan a la población. Es indispensable, para enfrentar la actual situación económica, buscar medidas cuyo costo no recaiga sobre los sectores populares.

Reafirmamos una vez más desde este espacio de convergencia de la diversidad regional, social, étnica, religiosa, política y cultural que la Asamblea Permanente es el encuentro de los diferentes para buscar consensos y precisar las diferencias, con el objetivo común de construir una sociedad basada en la justicia social, que haga sostenible la Paz.

¡Es de todos y de todas, todo el tiempo ... es la Paz!